• La funcionaria del Ministerio Público enfrenta cargos por presunta concusión; deberá firmar cada 15 días y tiene prohibido salir del país y comunicarse con la víctima.
SAN PEDRO SULA, CORTÉS. –
La fiscal de Delitos Comunes, Glenda Sarahí Jiménez Zúñiga, se defenderá en libertad luego de que un juzgado con competencia nacional le impusiera medidas cautelares distintas a la detención judicial, tras ser acusada del presunto delito de concusión en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
De acuerdo con la información proporcionada por el Poder Judicial, la funcionaria es señalada de supuestamente aprovecharse de su cargo para exigir dinero a una persona denunciada en otro caso, a cambio de gestionar su cierre administrativo.
Como parte de las medidas impuestas, Jiménez deberá firmar el libro de control cada 15 días, tiene prohibido salir del país y no podrá comunicarse con la víctima mientras continúa el proceso judicial.
La investigación se originó luego de que una persona denunciada en otra causa presentara una denuncia ante las autoridades fiscales el pasado 21 de septiembre.
A partir de las diligencias investigativas, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el asesoramiento técnico-jurídico de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) de la Zona Norte, ejecutó la detención de la funcionaria.
Durante la audiencia de declaración de imputado, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal y solicitó la destitución de la funcionaria, además de medidas cautelares alternativas a la privación de libertad.
Por su parte, la defensa rechazó la acusación, acreditó arraigo domiciliario, familiar y laboral, y pidió que se le permitiera continuar el proceso en libertad.
El juzgado programó la audiencia inicial para el jueves 3 de diciembre de 2026, cuando se continuará con el proceso judicial correspondiente.
El caso seguirá su curso mientras las autoridades judiciales determinan si existen elementos suficientes para avanzar en la acusación.
La imposición de medidas cautelares no constituye una declaración de culpabilidad, por lo que la funcionaria mantiene su derecho a la presunción de inocencia.
