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miércoles, agosto 27, 2025
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Fiscal General anuncia apertura de concurso para nuevas plazas en el Ministerio Público

Johel Antonio Zelaya asegura que la contratación de fiscales reforzará la lucha contra el delito y mejorará la atención a la ciudadanía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya, anunció este martes que el Ministerio Público abrirá un concurso para la contratación de nuevos fiscales, una medida que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la institución en la persecución del delito.

A través de su cuenta en la red social X, Zelaya recordó que desde hace varios años no se han realizado contrataciones de fiscales, lo que ha limitado la operatividad del ente acusador del Estado. 

En ese sentido, destacó que esta decisión representa un paso importante para mejorar la eficiencia y el servicio hacia la población hondureña.

“Con esta convocatoria reafirmamos nuestro compromiso de garantizar una mejor respuesta en la persecución del delito y servir con mayor eficiencia y dignidad a la ciudadanía”, expresó el fiscal general.

Zelaya invitó a los profesionales del derecho que tengan vocación de servicio y compromiso con la justicia a sumarse al Ministerio Público, institución a cargo de proteger los intereses de la sociedad.

Entre los requisitos para optar a una plaza se encuentra ser hondureño por nacimiento, contar con título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales/Abogado, ser mayor de 21 años, no haber sido condenado por delitos o faltas, aprobar las pruebas de confianza, tener pleno ejercicio de los derechos civiles y someterse al proceso de reclutamiento.

Los aspirantes deberán presentar hoja de vida, título universitario en original y copia, dos fotografías tamaño carné, fotocopias de documentos personales vigentes, carné de colegiación y solvencia original del Colegio de Abogados de Honduras, tarjeta de salud, así como antecedentes policiales y penales.

La convocatoria, según el titular del Ministerio Público, representa una oportunidad no solo para los profesionales del derecho, sino también para el país, al fortalecer las capacidades de una institución clave en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado.

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