TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El fiscal general hondureño, Johel Zelaya, dijo este lunes que la corrupción ha ocasionado un «grave daño» al país y anunció que retomará los casos que investigaba la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la OEA.
«Al pueblo hondureño le informó: he retomado los casos que en poder del Ministerio Público dejó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MAccih) y la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) tiene esta responsabilidad», subrayó Zelaya en una cadena de radio y televisión.
El Parlamento hondureño no le prorrogó en enero de 2020 un segundo período, de cuatro años, a la Maccih, la primera iniciativa de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro.
Corrupción
El fiscal hondureño señaló que la «corrupción público-privada de alto impacto nos ha robado el presente y el futuro, y ha ocasionado un grave daño a nuestro país, nos ha hundido en una espiral de pobreza, inseguridad y desesperanza».
Asimismo, indicó que el narcotráfico y el crimen organizado, junto con los delitos de lesa humanidad, «trascienden nuestras fronteras, dejando una estela de dolor y sangre».
Zelaya afirmó que «ese dolor que sentimos como nación tiene culpables: los delincuentes que han tejido redes de corrupción y criminalidad, no tienen color, raza, bandera o partido político, sólo buscan enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo hondureño».
El fiscal general se comprometió a «ponerle fin a la impunidad», y destacó que los que «orquestaron desfalcos y saqueos, y han vivido ocultos, se equivocaron, porque la justicia los está alcanzando».
Fiscalía persigue crimen y corrupción
La Fiscalía hondureña «no persigue personas por sus ideas, tampoco figuras políticas, perseguimos el crimen, la corrupción y todos aquellos que han sido cubiertos con el manto de la impunidad», sostuvo.
Respecto a la acusación contra el exalcalde de Tegucigalpa y precandidato presidencial Nasry Asfura, el fiscal general indicó que la investigación comenzó en 2019 y revela «la comisión de delitos que están plenamente probados».
Asfura, del opositor Partido Nacional, y siete exfuncionarios municipales son acusados por presunto lavado de activos, malversación de caudales públicos y fraude, y un juez de Tegucigalpa ordenó este lunes la medida de prohibición de salida del país de los imputados y firmar mensualmente un libro de control en el juzgado.
Denuncia
Según la denuncia, se habría ejecutado un esquema para «drenar fondos públicos y posteriormente proceder al lavado de dinero», en el que se habrían desviado 28,5 millones de lempiras (1,14 millones de dólares) de forma «sistemática y premeditada para beneficio personal y de terceros».
El dinero, según las investigaciones, habría sido desviado entre 2017 y 2018 mediante la emisión de 32 cheques a nombre de Asfura, Cinthia Borjas y Nilvia Castillo, justificados como «fondos rotatorios, fondos especiales y reembolsos».
Sin embargo, la Fiscalía indica que los cheques fueron «depositados en cuentas personales» de los acusados y beneficiaron a «personas naturales y jurídicas» vinculadas al exalcalde capitalino.
La Fiscalía tiene «el deber constitucional y legal de actuar conforme al marco jurídico vigente para exigir la aplicación de Justicia, no detendré los procesos de investigación ni la presentación de requerimientos fiscales y continuaré exigiendo justicia contra quienes estén involucrados en redes de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y el saqueo al erario público independientemente de condición económica o de poder que ostente los responsables», reiteró Zelaya.
Con información de EFE
