- Joel Zelaya evitó responder directamente a las denuncias de la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien aseguró que narcos pagan a funcionarios hondureños para usar el espacio aéreo del país como corredor de droga hacia EE.UU.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El fiscal general de Honduras, Joel Zelaya, evitó este jueves pronunciarse de manera directa sobre las graves acusaciones hechas por su homóloga estadounidense, Pam Bondi, quien recientemente denunció que narcotraficantes pagan sobornos a funcionarios hondureños para permitir el paso de cargamentos de droga por el espacio aéreo nacional, en una ruta que parte desde Venezuela y atraviesa Guatemala y México hasta llegar a Estados Unidos.
Durante un evento oficial, Zelaya se limitó a evadir las preguntas de la prensa, asegurando que respetaba la autonomía de la fiscal norteamericana, pero sin ofrecer una postura firme sobre el señalamiento.
“No me voy a referir a lo que manifiesta la fiscal de Estados Unidos, le respeto lo que ha dicho como fiscal general (…) lo que sí le quiero explicar al pueblo hondureño respecto a esas declaraciones es que los mejores testigos de la lucha contra el narcotráfico en este país son los Estados Unidos, que trabajamos con sus agencias”, declaró.
El fiscal insistió en que Honduras coordina estrechamente con las instituciones de seguridad estadounidenses y que estas son “testigos de honor” en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, evitó responder si existen investigaciones internas relacionadas con los presuntos sobornos a funcionarios nacionales.
Investigaciones a medias y promesas futuras
Zelaya afirmó que el Ministerio Público investiga a hondureños señalados en diversos juicios en Estados Unidos vinculados con narcotráfico.
No obstante, se excusó en la dificultad de los procesos judiciales para justificar la lentitud en los avances.
A manera de anuncio, adelantó que próximamente presentarán nuevos requerimientos fiscales relacionados con:
- La investigación del avión presidencial.
- Depósitos millonarios realizados por una empresa concesionaria de energía a una ONG presuntamente para financiar campañas políticas.
Asimismo, mencionó que el caso del asesinato del ambientalista Juan López “avanza más de lo que se imaginan” y prometió requerimientos fiscales en breve.
En cuanto al caso del “chequevideo”, dijo que sigue bajo investigación desde la administración anterior y pidió paciencia a la ciudadanía.
El silencio que pesa
Pese a estas promesas, la falta de una respuesta clara sobre las acusaciones de Pam Bondi deja en entredicho la postura del Ministerio Público frente a uno de los señalamientos más delicados contra el Estado hondureño: la posible complicidad de funcionarios con el narcotráfico internacional.
Mientras la fiscal estadounidense apunta directamente a pagos para abrir paso a la droga por Honduras, el fiscal general se refugia en evasivas y anuncios de futuros procesos que poco atienden la denuncia central.
En un contexto electoral y de creciente desconfianza ciudadana, la omisión de Zelaya ante un señalamiento de tal magnitud refuerza la percepción de que en Honduras la justicia avanza con discursos, pero sin respuestas contundentes.
