• El Ministerio Público indaga sistema biométrico, actas en cero, mensajes coactivos y audios, en un nuevo episodio de judicialización del proceso postelectoral
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público (MP) confirmó este viernes que mantiene en curso diligencias investigativas por denuncias de presuntos hechos ilícitos ocurridos antes, durante y después de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, un accionar que se suma a una cadena de actuaciones que diversos sectores califican como una progresiva judicialización del proceso electoral.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía informó que las investigaciones son coordinadas por la Unidad Contra Delitos Electorales (UECDE) y están orientadas a esclarecer el uso y funcionamiento del sistema biométrico, así como las interrupciones y fallas registradas en la divulgación de resultados mediante el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El MP detalló que también se indaga la existencia de actas en cero, actas retenidas o atrapadas en el sistema, y posibles conexiones del sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) con instituciones ajenas al ente rector de los comicios, un señalamiento que añade presión al ya tensionado ambiente postelectoral.
Además, la Fiscalía confirmó que se investiga la difusión de mensajes de texto que habrían tenido una incidencia coactiva en el proceso electoral, así como el análisis de audios y su contenido, con el objetivo de identificar a posibles actores que pudieron haber ejercido influencia en la toma de decisiones relacionadas con las elecciones generales.
Debido a la trascendencia constitucional de los hechos bajo investigación, el Ministerio Público instruyó a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución a realizar un análisis exhaustivo de las denuncias, dar seguimiento a las diligencias y garantizar la tutela judicial efectiva, la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
En su pronunciamiento, la institución aseguró que su actuación busca evitar acciones que representen una amenaza directa a la democracia, al Estado de derecho y a la soberanía popular, reiterando su compromiso con una labor “objetiva e independiente”.
No obstante, este nuevo anuncio se produce en un contexto de creciente confrontación política y cuestionamientos sobre el rol del Ministerio Público en el proceso electoral, en medio de denuncias cruzadas, retrasos en el escrutinio y señalamientos de instrumentalización de la justicia en una coyuntura clave para la estabilidad democrática del país.
