- Los casos revelan un patrón recurrente de abuso de poder y desvío de recursos públicos que trasciende gobiernos y niveles institucionales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó una solicitud de antejuicio por malversación contra el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo Alvarado, y dos regidores de su corporación municipal, en un caso que evidencia cómo las alcaldías se han convertido en espacios fértiles para el abuso de poder y el clientelismo político.
Según el Ministerio Público, los funcionarios aprobaron de manera irregular la donación de un terreno a la madre del juez municipal Bayron René Hernández Castañeda, quien también fue acusado de recibir dinero a cambio de agilizar trámites en la municipalidad.
Este hecho se suma a una larga lista de denuncias en contra de corporaciones municipales en todo el país, donde la discrecionalidad y la falta de control ciudadano han permitido que bienes públicos terminen beneficiando a círculos cercanos al poder.
Corrupción transversal: de hospitales a la policía
La solicitud de antejuicio contra Erazo no es un caso aislado. La FETCCOP también presentó ocho requerimientos fiscales adicionales que confirman un patrón preocupante de corrupción en diferentes instituciones:
- Exmiembros del Consejo Directivo del Hospital Escuela que en 2017 se asignaron aumentos salariales ilegales, en uno de los hospitales más carenciados del país.
- Cuatro agentes de la DPI acusados de realizar un allanamiento ilegal en Ocotepeque y robar 50 mil lempiras de la vivienda de un ciudadano.
A estos casos se suman fraudes inmobiliarios, falsificación de documentos y corrupción dentro del propio sistema judicial, donde empleados del Poder Judicial, un agente de la ATIC y una agente de la DPI enfrentan acusaciones por irregularidades.
El Estado como botín
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) expuso un fraude en el Instituto de la Propiedad, donde empleados y particulares falsificaron escrituras para vender inmuebles a víctimas que pagaron sumas millonarias.
Por su parte, la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDT) acusó a empleados de Aduanas y empresarios vinculados a defraudación fiscal y contrabando, delitos que representan un perjuicio superior a medio millón de lempiras al Estado.
Una constante en la institucionalidad hondureña
Los múltiples casos destapados en simultáneo no solo exhiben corrupción individual, sino la existencia de un sistema de impunidad estructural que atraviesa municipalidades, hospitales, instituciones de justicia y dependencias tributarias.
Aunque el Ministerio Público ha actuado con una batería de requerimientos fiscales, la historia reciente de Honduras demuestra que muchos procesos terminan estancados en los tribunales, dejando la sensación de que la justicia avanza a cuentagotas frente al tamaño del saqueo público.
La acusación contra el alcalde de Santa Rosa de Copán, sumada a los nuevos procesos, vuelve a plantear la misma pregunta de siempre: ¿se castigará efectivamente a los responsables o estos casos quedarán en la larga lista de expedientes olvidados en el sistema judicial hondureño?
