• Juristas advierten que el MP actúa sin sustento legal y con fines de presión institucional al preparar requerimientos contra magistrados del TJE, mientras ignora presuntas faltas de otros funcionarios ligados al oficialismo.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El debate político y jurídico en Honduras escaló este sábado luego de que el abogado Oliver Erazo cuestionara duramente al Ministerio Público (MP) por anunciar que están listos los requerimientos fiscales contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mirian Barahona y Mario Flores Urrutia.
Según el profesional del derecho, la Fiscalía está actuando de manera “terca, sin argumento ni fundamento” y bajo un patrón preocupante: la instrumentalización del ente acusador para presionar y neutralizar instituciones electorales clave de cara a las elecciones generales.
El portavoz del MP, Yuri Mora, confirmó que solo están a la espera de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remita la resolución donde declara inadmisible el antejuicio solicitado previamente, para proceder contra los magistrados electorales.
Sin embargo, esa postura fue calificada por Erazo como un ataque directo a la independencia del sistema electoral.
“Persecución para intimidar”
“Advertíamos que este iba a ser el final de la solicitud de antejuicio porque esto es, a todo juicio, la instrumentalización de los órganos operadores de justicia para neutralizar a los órganos electorales”, expresó Erazo, quien considera que el MP está obrando en contra del interés nacional.
A su criterio, la Fiscalía se está utilizando como herramienta de intimidación política. “Está en contra el principio republicano de representación y democracia representativa, e ingiriendo desde la seguridad pública para sembrar miedo a través de la persecución penal”, sentenció.
Doble rasero y selectividad
El analista jurídico Germán Licona coincidió en que el accionar del MP se aleja de los estándares de legalidad y equilibrio institucional, y recordó que la resolución de la CSJ fue clara en afirmar que los magistrados electorales gozan de las mismas prerrogativas constitucionales que los 15 magistrados de la Corte.
Además, cuestionó que la Fiscalía actúa con marcada selectividad, ignorando casos donde sí existiría responsabilidad penal clara.
Citó como ejemplo las inasistencias sin justificación de funcionarios electorales vinculados al oficialismo, como Marlon Ochoa (CNE) y Mario Morazán (TJE), lo que —según señaló— retrasó el cronograma electoral y constituye delito conforme al artículo 544 del Código Penal, referente a delitos electorales.
“Esta decisión nos está diciendo que tenemos que suscribirnos a lo que nos dice la Constitución, el 234: el juicio político, administrado por el Congreso Nacional con dos terceras partes. No se puede usar el derecho penal para interferir en la autonomía electoral”, añadió Licona.
Preocupación por estabilidad democrática
Las críticas llegan en un momento particularmente sensible, con el país acercándose a un nuevo proceso electoral y con crecientes denuncias sobre intentos de intervención política en los organismos encargados de garantizar la transparencia y el arbitraje del voto.
Para expertos, acciones de este tipo dañan la credibilidad del Ministerio Público, debilitando su papel como garante de justicia imparcial y alimentando temores de que se esté utilizando el aparato penal para fines políticos.
La comunidad jurídica y sectores democráticos insisten en que la autonomía electoral es una línea que no debe cruzarse, advirtiendo que cualquier intento del MP de imponer presiones indebidas contra magistrados electorales sienta un precedente peligroso para la estabilidad institucional del país.
