TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en audiencia de procedimiento abreviado obtuvo sentencia condenatoria en contra de Miguel Ángel Castro Ramírez, responsable a título de autor directo de tres delitos de uso de documentos falsos continuado. El ciudadano fue condenado a 4 años 6 meses de prisión.
De acuerdo a las investigaciones de fiscales del Circuito Anticorrupción, el ahora condenado firmó un contrato con el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), para ejecutar obras complementarias en tres escuelas ubicadas en el municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara, sin embargo, las mismas no fueron ejecutadas de acuerdo a las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el documento base de licitación privada.
Posterior a la supuesta conclusión del proyecto, un equipo de IDECOAS realizó visitas de campo donde detectaron una serie de deficiencias por el no cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y establecidas en las bases de licitación, no solamente en la calidad, sino en la cantidad y las medidas recepcionadas de acuerdo a las estimaciones presentadas por el contratista Miguel Ángel Castro Ramírez y autorizadas por el supervisor Josué Alexander Pagoaga Salvador y las actas de recepción final.
Pese al incumplimiento de lo acordado en el contrato, los documentos finales donde acreditaban que la obra fue realizada satisfactoriamente fueron emitidos, firmados y presentados por Pagoaga Salvador ante IDECOAS. Es así que Castro Ramírez a sabiendas de que eran falsos, actuó con absoluta voluntad y fueron el instrumento utilizado por el contratista para ejecutar a su favor los cobros pactados por la ejecución del proyecto.
Por esta misma causa, fiscales de FETCOPP presentaron requerimiento a Josué Alexander Pagoaga Salvador, a quien se supone responsable a título de autor directo de tres delitos de falsificación de documentos públicos en concurso real en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras.
El Ministerio Público reitera su compromiso de investigar todos aquellos actos irregulares cometidos en contra del Estado de Honduras y por ende en perjuicio del pueblo hondureño por la erogación de fondos públicos que han sido dilapidados.
