- Siete personas denunciaron que entregaron sus vehículos para la venta, pero nunca recibieron el dinero. El gerente también acumularía 16 denuncias anteriores por los mismos delitos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público (MP) realiza este viernes una inspección en un autolote ubicado en el bulevar Kuwait de la capital hondureña, luego de recibir siete denuncias contra el gerente general del establecimiento por presuntos delitos relacionados con estafas y apropiación indebida de vehículos.
La diligencia está a cargo de miembros de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor, en coordinación con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quienes llegaron al negocio durante las primeras horas de la mañana para recopilar indicios y profundizar en las investigaciones.
De acuerdo con el Ministerio Público, el gerente general enfrenta señalamientos por los presuntos delitos de apropiación y retención indebida, estafa, falsificación de documentos privados y mercantiles, y uso de documentos falsos.
Las investigaciones señalan que los afectados entregaron sus vehículos a las empresas vinculadas al negocio para que fueran comercializados mediante intermediación o intercambiados por otras unidades. Sin embargo, presuntamente, el denunciado habría vendido los automotores sin realizar el pago correspondiente a sus legítimos propietarios.
A esta situación se suma la supuesta gestión irregular de los trámites de traspaso ante el Instituto de la Propiedad (IP), que, según los investigadores, se habrían realizado sin contar con las firmas de los vendedores ni de los compradores.
Un historial que aumenta las sospechas
Uno de los elementos que llama la atención de los investigadores es que el gerente general señalado acumularía 16 denuncias previas por los mismos delitos, según los registros y antecedentes recopilados por las autoridades.
Con esta inspección, el Ministerio Público busca obtener elementos probatorios que permitan esclarecer los hechos, establecer las posibles responsabilidades y determinar si existen más personas afectadas por las operaciones del establecimiento.
Las investigaciones continúan para documentar las presuntas irregularidades y avanzar en las acciones legales correspondientes.










