La Fiscalía de Nueva York pidió al juez Kevin Castel, una audiencia a puerta cerrada para discutir el uso, la relevancia y admisibilidad de la información clasificada en el caso contra Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente de Honduras, quien enfrenta cargos por narcotráfico.
De acuerdo con el informe, el ente acusador busca que el juez excluya algunos testimonios propuestos por la defensa de JOH por considerarlos irrelevantes e inadmisibles.
De igual forma, señalaron que para el Gobierno es vital que la Corte emita un fallo escrito, puesto que desean «tomar todas las determinaciones relativas al uso, la relevancia o la admisibilidad de información clasificada que, de otro modo, se tomarían durante el juicio o los procedimientos previos al juicio».
La Fiscalía reconoce que en un descubrimiento no clasificado, hay materiales que reflejan algunas de las reuniones del exmandatario con funcionarios y agencias del gobierno de Estados Unidos (EEUU) que no están clasificados y podrían ser significativos para este caso.
Un ejemplo de ello es que, entre las 131 pruebas no clasificadas presentadas a la defensa, se encuentran numerosos evidencias de funcionarios del gobierno norteamericano que se reunieron con JOH para discutir sus esfuerzos en combate a la corrupción y narcotráfico.
A ella se suma una reunión a inicios de 2018 con la embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, para discutir los «éxitos antinarcóticos».
No obstante, la Fiscalía alega que las reuniones no cambian el hecho de que Juan Orlando, aún necesita identificar una excepción de rumores adecuada para ofrecer cualquier conversación durante esas reuniones. Asimismo, el testimonio ofrecido aún necesitaría pasar una prueba de equilibrio.
Por otra parte, la Fiscalía señala que la corte debe eliminar el extenso discurso de JOH sobre algunas reformas legales en Honduras. Según el testimonio, las mismas supuestamente se hicieron en apoyo, según él afirma, para combatir el tráfico de narcóticos.
Irrelevante
La Fiscalía considera irrelevante «el supuesto apoyo de Juan Orlando a reformas legales en Honduras, que según él tenían como objetivo contrarrestar el narcotráfico y la corrupción. Hechos que no guardan ninguna relación con las acusaciones», señalan.
Fingió
La Fiscalía en la moción señala que la teoría que tienen de las acciones del expresidente Hernández en su lucha contra el narcotráfico, es que fingió.
«La teoría del Gobierno es que Juan Orlando fingió públicamente oponerse al narcotráfico y, en algunos casos, incluso tomó acciones específicas contra narcotraficantes; al mismo tiempo, aceptaba corruptamente sobornos y protegía del procesamiento a sus socios narcotraficantes».
La Fiscalía concluye que el supuesto apoyo de Juan Orlando a reformas destinadas a combatir el narcotráfico y erradicar la corrupción es «inadmisible e irrelevante respecto de las acusaciones de que, entre otras cosas, aceptó sobornos que provenían de las actividades con drogas de Alex Ardón».
Además, respaldan los sobornos del testigo identificado como CW-1, de Leonel Rivera y otros; y sostienen que conspiró con Tony Hernández y Geovanny Fuentes Ramírez para traficar cantidades masivas de cocaína.
Una actividad que supuestamente realizó con la asistencia de miembros de la Policía Nacional de Honduras, como Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, así como de militares, protegiendo a sus cómplices del procesamiento.
«De hecho, usar estas reformas como arma en el juicio es inculpatorio: las utilizó para castigar a quienes no lo apoyaron, mientras protegía a quienes sí lo apoyaban».
Por todas las razones expuestas anteriormente, la Fiscalía sostiene que la Corte debería rechazar los intentos de Juan Orlando de admitir evidencia «inadmisible sobre su supuesto apoyo a diversas reformas legales destinadas a combatir el narcotráfico y la corrupción».
Juan Orlando Hernández fue acusado por tres cargos: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, también de usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína.
El juicio está previsto hasta ahora para el 5 de febrero de 2024, será un juicio conjunto con el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda.
