- Agentes secuestran documentos y actas en el TJE mientras los magistrados Mario Urrutia y Miriam Barahona denuncian persecución política y violaciones al debido proceso.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En un hecho sin precedentes en la historia democrática reciente de Honduras, fiscales de la Unidad de Delitos Electorales y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron este miércoles un allanamiento e incautación de documentos en las instalaciones del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Los equipos del Ministerio Público ingresaron a la sede del Tribunal en Tegucigalpa para secuestrar actas, listas de asistencia y expedientes administrativos vinculados a las actuaciones de los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, contra quienes se habría abierto una investigación penal.
Fuentes del propio órgano electoral confirmaron que los funcionarios del MP permanecieron varias horas revisando oficinas y recopilando documentación, mientras el personal del Tribunal observaba con preocupación la intervención.
Magistrados denuncian persecución y violación al debido proceso
El presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, denunció este miércoles en declaraciones radiales que su vivienda amaneció sitiada por agentes del Estado, situación que calificó como “un acto de intimidación política” en el contexto de las tensiones que enfrenta el órgano electoral.
“Mi casa estuvo rodeada esta mañana. He interpuesto una denuncia porque me encuentro en peligro inminente. El único objetivo del gobierno es desintegrar los órganos electorales”, manifestó Urrutia.
Por su parte, la magistrada Miriam Barahona alertó la noche del martes sobre la posible emisión de un requerimiento fiscal en su contra y en contra del magistrado Urrutia, con orden de captura, por haber emitido resoluciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
“Se nos ha informado que se prepara un requerimiento fiscal para detenernos. No están cumpliendo con el debido proceso. Esto atenta contra la independencia judicial y la institucionalidad democrática”, denunció Barahona.
La magistrada insistió en que ningún juez o magistrado puede ser perseguido por las decisiones que toma en el marco de la ley, y advirtió que la acción del Ministerio Público constituye un precedente grave para la justicia electoral y el Estado de derecho.
TJE en la mira tras resolución sobre candidaturas
Las acciones judiciales se producen apenas horas después de que el Tribunal de Justicia Electoral emitiera una resolución ordenando la inscripción de los candidatos Jorge Cálix (por Olancho) y Cristian Villalobos (por Valle), una decisión que generó fuertes reacciones políticas y habría detonado la investigación.
El fallo, aprobado por mayoría simple, fue defendido por los magistrados Barahona y Urrutia como una resolución legal y constitucionalmente sustentada.
Sin embargo, el Ministerio Público abrió una línea de investigación por supuestos abusos de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Diversos sectores políticos han interpretado los allanamientos y amenazas de requerimiento como una escalada de tensión institucional, a menos de un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Crisis entre poderes y señales de desestabilización
El allanamiento al TJE acentúa la crisis entre el Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los magistrados electorales, en medio de una serie de denuncias cruzadas que han encendido las alarmas sobre la estabilidad democrática del país.
Organizaciones civiles y analistas políticos han advertido que estas acciones ponen en riesgo la independencia de los órganos electorales, encargados de garantizar la transparencia y credibilidad del proceso electoral.
Mientras tanto, el ambiente en el TJE permanece tenso. Funcionarios confirmaron que los agentes de la DPI continúan dentro del edificio asegurando documentación que será trasladada a las oficinas del Ministerio Público para ser analizada en el marco de la investigación.
Contexto político
El conflicto entre el Ministerio Público y los órganos electorales se desarrolla en paralelo a acusaciones de manipulación política, denuncias mediáticas y filtración de audios que han marcado las últimas 48 horas en el escenario preelectoral.
La magistrada Barahona pidió a la comunidad internacional observar con atención los hechos que —según ella— representan un atentado contra la independencia de las instituciones.
“Sin respeto al antejuicio ni al debido proceso, esto deja de ser un Estado de derecho. Lo que está ocurriendo es una persecución política”, expresó.
Panorama
Con los órganos electorales divididos, el Congreso Nacional sin sesiones y la tensión institucional en aumento, Honduras enfrenta una de las coyunturas políticas más delicadas de los últimos años, donde la confianza en el proceso electoral podría quedar en entredicho antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.
