- Orellana advierte que diputados usan fondos públicos para asegurarse la reelección, mientras salud y educación siguen desfinanciadas
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El exfiscal general de la República y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, lanzó este martes una fuerte acusación contra el Fondo Social Departamental, al calificarlo como “una matriz corrupta” diseñada para beneficiar electoralmente a los diputados actuales del Congreso Nacional, con recursos públicos que debieran destinarse a salud y educación.
“El fondo lo que pretende es privilegiar a los diputados electos para que puedan disponer de fondos públicos y promover sus candidaturas, imponiéndose frente a otros aspirantes”, denunció Orellana en declaraciones brindadas a RCV.
Orellana señaló que, aunque el dinero no llega en efectivo a manos de los legisladores, son ellos quienes deciden su destino, generando una clara ventaja electoral y marcando una profunda desigualdad. “Eso desde cualquier perspectiva que se analice es corrupción, definitivamente, al menos desde el punto de vista ético”, expresó.
950 millones de lempiras bajo sospecha
El Fondo Social ha sido aprobado por el Congreso Nacional para los años 2023, 2024 y 2025, con un monto total de 950 millones de lempiras, lo que, según Orellana, hacía inevitable la aparición de casos de malversación y uso político de recursos.
“Lo grave aquí no es solo si se roban o no el dinero; el hecho es que están utilizando fondos públicos para campañas personales. Y eso es una perversión del sistema”, insistió el exfiscal general.
El precedente de Carlos Zelaya y el silencio de los entes de control
Recordando el caso del exdiputado Carlos Zelaya, señalado en un narcovideo y que renunció a su curul, a su cargo y al Partido Libre, Orellana subrayó que ese debería ser el estándar ético mínimo para los funcionarios señalados por corrupción.
“Eso le da la medida de qué debe ocurrir en adelante con los políticos que han salido señalados: deben seguir ese camino y dar un paso al costado”, dijo.
También criticó con dureza al Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Transparencia, a los que calificó de “inoperantes” y de solo actuar bajo presión pública.
Viejas prácticas, nuevas caras
Orellana advirtió que muchas de las personas señaladas en su momento por la MACCIH siguen hoy en el Congreso Nacional y podrían estar repitiendo las mismas prácticas corruptas. “Si ayer se robaron el Fondo Social, ¿por qué hoy no lo harían?”, cuestionó.
Finalmente, mencionó que ya hay diputados reclamando por desigualdades en la asignación del fondo, lo que abre otro frente de análisis legal y penal. “Hay que investigar bajo qué criterios se reparte: por afinidad política, por lealtades o por conveniencias electorales”, advirtió.
Orellana concluyó alertando que este escándalo apenas es la punta del iceberg, y que más casos similares podrían salir a la luz en medio de un año preelectoral.
