TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Luego de comparecer en audiencia inicial, el Juzgado de lo Penal en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, decretó auto de formal procesamiento por 41 delitos contra la fiscal Francia Sofía Medina luego de la sustracción de 88.6 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras.
Igualmente, a la funcionaria del Ministerio Público se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva, acusada por 41 delitos.
Según Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial, tanto el Ministerio Público, como ente acusador del Estado, y la defensa de la imputada, ya fueron notificados de la decisión de la jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, Cortés.
Debido a las acusaciones en su contra, a Medina se le suspendió del cargo de fiscal. De acuerdo con Barahona, el caso se mantiene en secretividad por petición de la Fiscalía.
Medina es acusada por lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, así como uso de información privilegiada y enriquecimiento ilícito, 38 delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio del orden socioeconómico, la administración y la fe pública del Estado de Honduras.
En el Juzgado Penal en Materia Criminalidad Organizada y Corrupción se admitieron 22 medios de pruebas documentales, un informe pericial y un testifical y no se admitieron videos.
La detención de la fiscal Francia Medina ocurrió el 28 de noviembre en una residencia lujosa en Jardines del Valle, San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras. Al principio del periodo investigado, Medina estaba asignada a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).
Según las investigaciones lideradas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se descubrió que la exfiscal Medina retiró 88 millones de lempiras sin notificar a las autoridades de la Fiscalía en los últimos dos años. Este dinero era evidencia de diversas operaciones de lavado de activos que estaban siendo investigadas.
A pesar de haber dejado la Fescco, la imputada continuó extrayendo fondos del BCH sin la debida autorización de sus superiores, incluso cuando se encontraba con licencia, según las investigaciones.
Por el caso, a Medina se le aseguraron cuatro bienes inmuebles, suponiendo que fueron adquiridos con lo sustraído del BCH.
