Fosdeh alerta sobre una crisis alimentaria que podría golpear a Honduras en 2027

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• Amparo Canales urge al Gobierno a declarar prioridad nacional la seguridad alimentaria y advierte que los recortes a la inversión pública podrían agravar la vulnerabilidad de miles de familias.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – 

Honduras necesita actuar desde ahora para evitar que la crisis climática se convierta en una emergencia alimentaria de mayores dimensiones. 

La economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Amparo Canales, advirtió que los efectos de ambos fenómenos podrían prolongarse hasta 2027, por lo que demandó al Gobierno impulsar con urgencia un Plan Nacional de Emergencia y Resiliencia Climática.

Canales señaló que el país no puede continuar reaccionando cuando las crisis ya están golpeando a la población, sino que debe apostar por la prevención, la adaptación climática, la seguridad alimentaria y la protección social, con el propósito de preservar la capacidad productiva y evitar que miles de hogares caigan en mayores condiciones de pobreza.

En ese sentido, planteó que la seguridad alimentaria debe declararse prioridad nacional y convertirse en un asunto de interés público que permita coordinar acciones entre las secretarías de Agricultura y Desarrollo Social, los gobiernos municipales y la cooperación internacional.

Entre las medidas propuestas destacó la creación de reservas estratégicas de maíz y frijoles, la ampliación de los programas de alimentación escolar y el fortalecimiento de la asistencia a los hogares más vulnerables, particularmente en las comunidades del Corredor Seco.

También consideró indispensable invertir en infraestructura para enfrentar los efectos de los fenómenos climáticos, mediante obras de captación y almacenamiento de agua, microembalses, reservorios comunitarios, sistemas de riego, reforestación y manejo de cuencas.

Preocupa reducción de la inversión pública

Uno de los puntos que genera mayor preocupación para la economista es la reducción de la inversión pública contemplada para 2027, que, según indicó, pasaría de aproximadamente 40 mil millones a 30 mil millones de lempiras, lo que representa una disminución superior a los 10 mil millones.

A su criterio, esta proyección obliga a revisar las prioridades presupuestarias, especialmente cuando el país necesita fortalecer su capacidad de prevención y respuesta ante una crisis que amenaza directamente la producción agrícola y los medios de subsistencia de miles de familias.

Canales recordó que Honduras arrastra debilidades estructurales en el sector agrícola, pese a las experiencias de 2015 y 2016, cuando alrededor de 3.5 millones de personas en Centroamérica enfrentaron inseguridad alimentaria vinculada a factores climáticos.

Advirtió que la falta de inversión y atención al campo ha profundizado la pobreza rural y la dependencia de productos importados, pese al potencial agrícola del país. Además, subrayó que las familias afectadas no solamente pierden sus cosechas, sino también sus fuentes de ingresos y sus medios de vida.

Por ello, insistió en que la protección de los ingresos familiares y el fortalecimiento de la infraestructura productiva en las comunidades rurales deben formar parte de una estrategia nacional.

Finalmente, la economista instó a incorporar esta problemática con carácter urgente en la agenda pública y en la discusión del Presupuesto General de 2027, al advertir que postergar las decisiones podría traducirse en más pobreza, mayor vulnerabilidad rural y un deterioro de la seguridad alimentaria de Honduras.

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