TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Mientras Honduras clama por transparencia y democracia, las instituciones que deberían garantizarla están siendo señaladas por presuntas prácticas que rozan la manipulación electoral.
La Fundación 15 de Septiembre denunció este jueves, desde Estados Unidos, una retención masiva e injustificada de más de 400 mil Documentos Nacionales de Identificación (DNI) pertenecientes a hondureños residentes en el extranjero.
La denuncia fue presentada formalmente ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) por el presidente de la organización, Juan Flores, quien acusó directamente a la Cancillería hondureña y a su titular, Javier Bu Soto, de mantener secuestrados estos documentos sin justificación ni explicación.
“Estamos denunciando la retención de más de 400 mil DNI que no están siendo entregados a los compañeros. Es un atropello a los derechos civiles y políticos de los hondureños en el exterior”, sentenció Flores en declaraciones a la Cadena Radial América.
Un patrón preocupante
La gravedad del caso va más allá de la ineficiencia burocrática: la Fundación afirma haber documentado cómo, pese a que muchos ciudadanos actualizaron su información en consulados móviles y pagaron 25 dólares por cambios domiciliarios, sus DNIs terminaron siendo utilizados para votar en Honduras sin su consentimiento durante las elecciones primarias del 9 de marzo.
En otras palabras: identidades no entregadas físicamente habrían sido usadas indebidamente en procesos electorales. ¿Accidente? ¿Coincidencia? O peor aún, ¿parte de una estructura paralela diseñada para inflar votos y manipular resultados?
¿Dónde está el Estado?
La Cancillería guarda silencio. El Registro Nacional de las Personas (RNP), cuyos tres comisionados también han sido denunciados, no ha movido un dedo para corregir el caos ni para explicar las anomalías en los cambios domiciliarios. Y mientras tanto, el gobierno de Honduras permanece indiferente ante la denuncia de un posible fraude electoral que compromete la legitimidad del proceso democrático.
A estas alturas, no basta con culpar a la “falta de recursos” o a la “desorganización logística”. Se trata de más de 400 mil ciudadanos cuyos derechos han sido ignorados, y posiblemente manipulados, por el mismo Estado que debería protegerlos.
Una diáspora traicionada
La comunidad hondureña en el exterior, que sostiene a la economía nacional a través de remesas, ha sido históricamente relegada a un segundo plano en los procesos de decisión política.
Ahora, además de marginada, es víctima de un sistema que parece utilizarla como herramienta electoral mientras le niega su derecho al voto informado y libre.
El uso de identidades sin consentimiento no solo es ilegal: es una traición institucional. Y si el Estado no da una respuesta inmediata y contundente, el mensaje será claro: en Honduras, la democracia es negociable, y el voto se administra como mercancía.
Exigencia de rendición de cuentas
Este no es un caso aislado ni un simple problema logístico. Es una alerta roja para la comunidad internacional, los organismos electorales y los defensores de los derechos humanos.
Exigir la rendición de cuentas de la Cancillería, el RNP y sus máximas autoridades no es una opción, es una obligación democrática.
¿Dónde están los DNIs? ¿Quién los está usando? ¿Quién se beneficia? Hasta que esas preguntas tengan respuestas claras y verificables, la credibilidad del sistema electoral hondureño estará manchada por la sospecha y el descrédito.
