- La SAPP ordenó a COVI suspender la tarifa de L90 aplicada a pequeños vehículos de carga, tras denuncias de conductores y proceso de supervisión in situ
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) ordenó a la Concesionaria Vial de Honduras (COVI) suspender el cobro de 90 lempiras a los llamados camioncitos, luego de las múltiples quejas de conductores que denunciaron un incremento repentino en la tarifa de peaje en la estación de Zambrano, Francisco Morazán.
La polémica se generó el jueves 28 de agosto, cuando usuarios reportaron que el costo del peaje para este tipo de vehículos había pasado de L22 a L90 desde la tarde del día anterior.
Las denuncias se viralizaron, lo que obligó a la concesionaria y a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) a salir al paso, asegurando que no existía ningún aumento ni reclasificación de categorías.
“Al vehículo pesado se le mantiene la tarifa de L90 y el liviano —donde están incluidos los pickup— continúa pagando L22”, afirmó en ese momento COVI, respaldado por el ministro Octavio Pineda.
Decisión de la SAPP
Tras una verificación en el sitio y reuniones con las entidades involucradas, la SAPP determinó que el cobro no se ajustaba a lo estipulado en la Ley de Tránsito y su reglamento.
En ese sentido, ordenó a COVI que a partir de las 10:00 de la mañana del miércoles 17 de septiembre los vehículos Hyundai H-100, Kia K2700, Mercedes Benz Sprinter, entre otros similares, dejen de pagar L90 y retornen a la tarifa de L22 correspondiente a vehículos livianos.
La medida se ampara en el artículo 51 de la Ley de Tránsito y en el artículo 4 del Reglamento Especial en materia de Permisos de Conducir, que reconocen a este tipo de unidades como livianas y no como pesadas.
Supervisión y contrato de concesión
La SAPP recordó que su decisión se enmarca en su rol de supervisión, regulación y control de los proyectos desarrollados bajo el esquema de alianza público-privada, como es el caso del contrato de concesión del Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio, y Tegucigalpa-San Pedro Sula-Puerto Cortés.
Con esta resolución, se busca garantizar que las tarifas se apliquen con transparencia y conforme a la ley, evitando abusos que afecten a los transportistas que dependen de estos vehículos de carga ligera para el desarrollo de sus actividades económicas.
Impacto en los conductores
La medida representa un alivio inmediato para cientos de conductores de camioncitos, quienes dependen de la carretera CA-5 norte para transportar productos y mercancías de manera constante.
De haberse mantenido el cobro de L90, muchos de ellos hubieran visto duplicados o triplicados sus costos operativos diarios, afectando directamente su sustento y la competitividad de pequeños negocios.
