• La institución castrense pide al Consejo Nacional Electoral copias de las actas de cierre del nivel presidencial, reavivando críticas por su intento de involucrarse en áreas reservadas al control civil y electoral
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) remitieron este martes una solicitud oficial al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener copias de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos del nivel presidencial, alegando que lo hacen con fines “institucionales de verificación y custodia del proceso electoral”.
La carta, dirigida a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall García, argumenta que el pedido busca fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana.
Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que la solicitud podría constituir una extralimitación del rol militar, al intentar acceder directamente a documentos reservados al control civil y electoral.
“Respetuosamente solicitamos que el CNE proporcione a las Fuerzas Armadas copia de las actas de cierre del nivel presidencial, exclusivamente con fines institucionales de verificación del resguardo y custodia del proceso”, señala el escrito.
En respuesta a esta solicitud, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, emitió la mañana de este martes un oficio dirigido a los consejeros propietarios Marlon Ochoa y Cossette López, recordando que, conforme al artículo 272 de la Constitución, las Fuerzas Armadas están subordinadas funcionalmente al CNE durante el período electoral.
“Durante el periodo electoral, las Fuerzas Armadas obedecen únicamente las instrucciones del CNE en todo lo relativo al proceso electoral. La presidencia conserva el mando político y militar general, pero no puede interferir en decisiones técnicas o logísticas electorales”, subraya Hall en su comunicación.
La presidenta del CNE enfatizó que esta subordinación no es discrecional, sino una obligación constitucional que otorga al CNE máxima autoridad funcional sobre las Fuerzas Armadas en materia electoral, incluyendo tareas de distribución del material electoral, custodia de centros de votación y ejecución de medidas logísticas.
“Ninguno de los poderes públicos puede contradecir o revocar las instrucciones emanadas del CNE en este ámbito, porque en ese momento la autoridad funcional sobre las Fuerzas Armadas en materia electoral la tiene el órgano electoral”, añade Hall.
El contraste entre la solicitud de las Fuerzas Armadas y la comunicación del CNE pone de relieve un debate sobre los límites del papel militar en los procesos democráticos de Honduras.
Expertos en derecho constitucional señalan que el acceso a actas de votación no forma parte de las funciones militares, y que este tipo de acciones puede poner en riesgo la independencia y autonomía del CNE.
“El papel de las Fuerzas Armadas es custodiar los materiales, no auditar ni revisar los resultados. La transparencia electoral se garantiza con control civil, no con supervisión militar”, señaló un especialista consultado.
Hasta el momento, el CNE no ha indicado si accederá a la solicitud militar, aunque el oficio de Hall deja claro que cualquier intento de intervención que no respete la subordinación funcional constituiría una violación a la autonomía del órgano electoral y al principio de neutralidad militar.
Este episodio se produce en un contexto de creciente preocupación por la militarización de aspectos civiles del proceso electoral, a pocas semanas de las Elecciones Generales 2025, y evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control civil y transparencia frente a posibles extralimitaciones de los actores castrenses.
“El mando funcional en tareas electorales corresponde al CNE, cuyas instrucciones deben acatarse por las Fuerzas Armadas sin interferencia de ningún otro poder”, concluyó Hall.
