La fundación nicaragüense de mujeres María Cavalleri denunció este lunes la «usurpación, robo, agresión y profanación» de su sede en Nicaragua, una finca de 16,8 hectáreas valorada hasta en 4 millones de dólares, por parte del Gobierno que preside Daniel Ortega.
En una denuncia pública, esa ONG señaló especialmente a la titular del Ministerio de la Mujer en Nicaragua, Jessica Yaoska Padilla Leiva, por la «usurpación» de su centro que se constituyó legalmente hace 25 años, y cuya personalidad jurídica fue cancelada el 2 de junio de 2022 por el Ministerio de Gobernación, que ordenó además decomisar sus bienes.
El Ministerio de la Mujer de Nicaragua ha anunciado la apertura de un nuevo centro de capacitación en el norteño departamento (provincia) de Matagalpa, donde funcionaba la fundación.
«Con el anuncio de la inauguración del centro, usted se hace públicamente responsable de ser cómplice de la usurpación, robo, agresión y profanación que se ha perpetrado hacia un grupo de mujeres, hacia la Fundación María Cavalleri», acusó esa ONG.
En la carta pública le preguntaron a la titular del Ministerio de la Mujer si se sentía orgullosa de «inaugurar un centro de capacitación, que es fruto de un robo a otras mujeres, agrediéndolas, violándolas y usurpando lo que ha sido construido en 25 años».
«Además, ocultando la historia de la Fundación María Cavalleri, hace entender que es su gobierno quien lo ha construido. Robando y mintiendo no se puede construir. Solo demuestra lo vacíos y desesperados que están», agregó.
Esa ONG también criticó que le cambien el nombre al centro, de fundación María Cavalleri a las «Mujeres del Cuá».
«Me pregunto si las mujeres del Cuá realmente se sentirían orgullosas de que se use su nombre para tapar un robo y agresión, y que su nombre silencie el nombre de otras mujeres, hermanas, igual que ellas, mujeres campesinas, parteras, promotoras, jóvenes, niñez», continuó.
CRITICAN IMAGEN DE ROSARIO MURILLO
Asimismo, la fundación reprochó que las autoridades hayan colocado una fotografía de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en el exterior del centro.
«Tiene la imagen de una mujer que es acusada de delitos de lesa humanidad, y de encubridora de violaciones a su propia hija. ¿Cómo puede combinar su cargo de ministra de la mujer, con toda esta historia? Todos estos actos, en su cargo como ministra, la responsabilizan e inculpan en estas violaciones sistemáticas a las mujeres», advirtió.
El Gobierno de Nicaragua y la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, han cancelado la personalidad jurídica de cerca de 3.500 ONG y han ordenado en su mayoría el decomiso de sus bienes muebles e inmuebles, tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018, bajo el argumento de que han incumplido con las leyes.
Diputados sandinistas dijeron que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en 2018.
Los sandinistas también argumentan que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. EFE
