• Amparo Canales alerta que una masa salarial de 280 mil empleados públicos es insostenible y pide transparencia, respeto a derechos laborales y compromisos internacionales
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El proceso de eliminación y fusión de instituciones anunciado por el gobierno del presidente Nasry Asfura debe sustentarse en criterios técnicos y no en decisiones de carácter político, advirtió este sábado la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales.
Aunque hasta el momento no se ha detallado qué entidades serían eliminadas o fusionadas, Canales subrayó que el tamaño actual del aparato estatal representa una carga significativa para las finanzas públicas.
“Una masa salarial de casi 280 mil personas es muy pesada para el Estado y perfectamente se puede eficientar”, sostuvo.
No obstante, la economista recalcó que cualquier proceso de reestructuración debe realizarse con total transparencia y respetando el debido proceso, especialmente los derechos laborales de los empleados públicos.
A su juicio, uno de los mayores riesgos es repetir prácticas del pasado.
“En periodos anteriores se ha visto que despiden personal y de inmediato nombran a otros, sin cumplir los procesos debidos. Luego el Estado pierde las demandas laborales y eso se convierte en una carga adicional para las finanzas públicas”, ejemplificó.
Canales insistió en que el Gobierno debe hacer públicos los criterios técnicos que se utilizarán para decidir qué instituciones se eliminan o fusionan, a fin de garantizar confianza y legitimidad en el proceso.
“Esperamos que haya un análisis técnico real y la transparencia necesaria para que la población tenga acceso a esa información”, señaló.
Asimismo, llamó a no perder de vista los compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño, particularmente en materia de derechos humanos.
En ese sentido, advirtió que existen instituciones creadas para cumplir recomendaciones de organismos internacionales, especialmente aquellas vinculadas a la atención y protección de los derechos de las mujeres.
“Esas entidades no solo no deberían eliminarse, sino que deben fortalecerse”, afirmó la experta, al considerar que una reforma institucional mal planteada podría significar retrocesos en áreas sensibles y comprometer la imagen y obligaciones internacionales de Honduras.
La advertencia de Canales se suma a las crecientes voces que piden que la anunciada reestructuración estatal sea una oportunidad para mejorar la eficiencia del Estado, y no un mecanismo con fines partidarios que termine generando más costos económicos y sociales.
