TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A pocos días de que expire el Memorando de Entendimiento (MoU) entre el gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), las voces críticas no se han hecho esperar.
Una de ellas es la activista y representante de la organización Articulación Ciudadana, Gabriela Blen, quien cuestionó duramente la reciente solicitud del gobierno para extender, por quinta vez, el acuerdo con Naciones Unidas.
“¿Cuál es el objetivo de seguir ampliando el MoU si no hay voluntad del gobierno ni del Congreso para instalar la CICIH? El tiempo se les termina y Honduras ya no cuenta con el apoyo político y financiero de EE.UU. para un proceso de tal envergadura”, declaró Blen.
Sus declaraciones surgen en un contexto de creciente escepticismo ciudadano, luego de más de dos años de promesas y negociaciones sin resultados concretos.
La CICIH fue uno de los pilares del discurso anticorrupción del actual gobierno, sin embargo, su implementación se ha visto entrampada por falta de reformas clave en el Congreso Nacional y continuas prórrogas del MoU, la más reciente solicitada este 11 de junio, a tan solo cuatro días de su vencimiento.
Blen también criticó la estrategia política del oficialismo, señalando que el partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), estaría utilizando el tema de la CICIH con fines electorales, al culpar a la falta de mayoría legislativa por la inacción.
“Si el objetivo de Libre es decirle al pueblo que necesitan mayoría en el Congreso para traer la CICIH, y creen que esa es una buena estrategia electoral, andan súper perdidos. El pueblo dijo ¡BASTA! a las mentiras y a la corrupción en noviembre de 2021, y lo hará nuevamente en las elecciones que se avecinan”, advirtió la activista.
La prórroga solicitada por el gobierno extendería el memorando hasta el 15 de diciembre de 2025, tiempo durante el cual aún deberían aprobarse reformas al Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley de Municipalidades y la interpretación del término “más altos funcionarios” en la Constitución. Pese a que estas condiciones han sido claras desde los primeros diálogos con la ONU, no se han logrado avances significativos.
Las declaraciones de Blen ponen en evidencia el desgaste de la narrativa anticorrupción oficial y el creciente hartazgo social ante la falta de voluntad política para enfrentar uno de los principales males que afecta al país.
