- La directora del CNA cuestiona la falta de prevención y advierte que las contrataciones de emergencia pueden abrir espacios para favorecer intereses particulares con recursos públicos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Cada temporada de lluvias vuelve a exponer las debilidades del Estado hondureño para prevenir desastres, proteger a las comunidades y garantizar el uso transparente de los recursos públicos. Así lo plantea Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien cuestiona la negligencia institucional y los riesgos de corrupción que surgen durante la atención de las emergencias.
Puentes colapsados, carreteras destruidas, comunidades incomunicadas y pérdidas agrícolas son parte de las consecuencias que enfrentan numerosas familias cada invierno. Para Castellanos, estos daños no pueden atribuirse exclusivamente a fenómenos naturales, pues también evidencian problemas de planificación, infraestructura y prevención que se repiten año tras año.
En las ciudades, las lluvias dejan al descubierto sistemas de drenaje deficientes, planificación urbana inadecuada y obras de mitigación que no siempre responden a las necesidades de la población. En las zonas rurales, las comunidades quedan aisladas y los productores enfrentan dificultades para trasladar sus cosechas, con consecuencias directas para sus ingresos y medios de subsistencia.
Las emergencias, bajo el riesgo de la corrupción
Uno de los principales cuestionamientos de Castellanos se dirige a las compras y contrataciones que se realizan durante las emergencias. Aunque estos mecanismos excepcionales pueden ser necesarios para responder con rapidez, advierte que también existe el riesgo de que se utilicen para reducir la competencia, debilitar la fiscalización o beneficiar intereses particulares.
Entre los peligros que señala figuran las adjudicaciones sin suficiente competencia, los precios injustificados y la contratación de empresas que carecen de capacidad para ejecutar las obras. De materializarse estas prácticas, los recursos destinados a reparar infraestructura y restablecer servicios esenciales podrían terminar lejos de las necesidades de las comunidades afectadas.
El resultado sería una doble carga para la población: primero, sufrir la pérdida de viviendas, caminos, cosechas y fuentes de ingreso; después, enfrentar las consecuencias de una eventual utilización inadecuada de los fondos públicos destinados a la reconstrucción.
«La prevención no deja réditos ilícitos»
La directora del CNA también cuestiona que la respuesta gubernamental se concentre en distribuir ayuda y anunciar medidas cuando la emergencia ya está en marcha, sin resolver las deficiencias estructurales que aumentan la vulnerabilidad de la población.
«Se distribuyen colchones y raciones de comida frente a las cámaras de televisión para maquillar una gestión gubernamental tardía y clientelar, mientras el verdadero problema estructural se ignora deliberadamente porque la prevención no deja réditos ilícitos», cuestiona Castellanos.
Ante este escenario, insiste en que la rendición de cuentas no debe esperar hasta que termine la emergencia. La publicación de los contratos, la justificación de las adjudicaciones y las auditorías oportunas son fundamentales para verificar cómo se utilizan los recursos y qué resultados producen.
El señalamiento pone sobre la mesa una deuda recurrente del país: fortalecer la prevención, mejorar la infraestructura y garantizar controles efectivos sobre el gasto público antes, durante y después de cada temporal.
Mientras las mismas deficiencias continúen repitiéndose, cada invierno seguirá poniendo a prueba la capacidad del Estado para proteger a la población y demostrar que los fondos destinados a atender las emergencias llegan realmente a quienes más los necesitan.
