- Directora del CNA intensifica presión contra el fiscal general Johel Zelaya, en una postura que genera cuestionamientos por posibles intereses personales y por su silencio en casos del pasado.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, volvió a presionar para que se aplique juicio político a funcionarios, asegurando que es el “clamor del pueblo hondureño”.
El interés de Castellanos está en el fiscal general de la República, Johel Zelaya, a quien señaló como el primer funcionario al que debe aplicársele este mecanismo por falta de acción en el proceso electoral del pasado treinta de noviembre.
Esta insistencia de Castellanos contra Zelaya podría responder a la solidaridad hacia su íntima amiga, la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, quien querelló al titular del Ministerio Público por calumnias y ahora enfrenta un juicio oral y público.
La titular del organismo anticorrupción ha venido exigiendo al Congreso Nacional que decida aplicar este mecanismo, una acción que llama la atención de la población, ya que en el pasado no pidió la destitución del exfiscal Óscar Fernando Chinchilla a través de esta figura, a pesar de que —según sus propias denuncias— este no dio trámite a múltiples casos presentados por el CNA.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha manifestado que la figura del juicio político se aplicará durante su mandato.
Cabe recordar que para ejecutar el juicio político se requiere mayoría calificada en el Poder Legislativo, es decir, al menos 86 votos.
En este contexto, la postura de Castellanos abre el debate sobre la coherencia y la selectividad en la lucha anticorrupción, mientras crecen las dudas sobre si estas exigencias responden verdaderamente a un interés institucional o a alineamientos personales dentro de una coyuntura política marcada por tensiones y disputas de poder.
