TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La comunidad garífuna (negra) de Honduras exigió este jueves al Estado que dé cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que restituye sus tierras tradicionales y sus derechos, y dar con el paradero de cuatro dirigentes desaparecidos hace 3 años.
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, dijo a EFE que espera que la presidenta del país, Xiomara Castro, apruebe el decreto para instalar la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de la sentencia emitida en 2015 por la CorteIDH.
En diciembre de 2015 la CorteIDH emitió una sentencia a favor de las comunidades garífunas Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, en el departamento caribeño de Atlántida.
Según la CorteIDH, los pobladores de esas comunidades no poseen un título de propiedad sobre su territorio ancestral, idóneo y culturalmente adecuado, además de que se les ha denegado el derecho a la participación en la toma de decisiones en asuntos que les conciernen y se violaron sus garantías judiciales.
Miranda cree que el cumplimiento de la sentencia de la CorteIDH ayudará a «resolver el problema de violencia dentro de nuestras comunidades y la violación del derecho humano del pueblo garífuna».
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
En un foro celebrado en Tegucigalpa, los garífunas pidieron también «un alto a la criminalización, judicialización» de sus líderes.
«A cada rato tenemos que estar yendo a los juzgados porque han sido detenidas o están siendo criminalizadas compañeras que son dirigentes o líderes comunitarias en la defensa de los territorios, eso nos tiene totalmente agotados», explicó Miranda.
La activista considera que la criminalización de defensores de la comunidad garífuna es una «política muy fuerte» contra este pueblo y lamentó que a los perpetradores de sus territorios «nadie los toca».
Agregó que los dirigentes garífunas son «hostigados por gente de mucho poder económico, pero también gente ligada a la criminalidad y mafias».
Según apuntes históricos, los primeros negros llegaron a Honduras el 12 de abril de 1797, como esclavos traídos de la isla de San Vicente.
Entonces, se asentaron en la comunidad de Punta Gorda, en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, y luego se dispersaron a lo largo de toda la costa hasta constituir más de una treintena de pueblos garífunas.
El Estado hondureño debe «garantizar el respeto a la posesión ancestral del pueblo garífuna», señaló Miranda, quien no ve «ninguna voluntad política» para cumplir con la sentencia de la CorteIDH.
Denunció además que en los últimos años se ha «incrementado la criminalidad, la violencia, la inseguridad y el terror» en la comunidad garífuna.
ESTORBAN EN SUS TIERRAS
Los garífunas «estorbamos porque estamos en las mejores playas y en la zona más rica en biodiversidad y necesitan sacarnos, por eso hay una presión horrible y no vemos voluntad política del Estado» para resolver el conflicto, apostilló Miranda.
Dijo además que el pueblo garífuna está «muy asustado, preocupado» por la falta de voluntad política y lamentó que hasta ahora «no hay ningún informe» sobre la búsqueda de cuatro dirigentes de la comunidad Triunfo de la Cruz, desaparecidos hace 3 años, aparentemente tras ser secuestrados.
Los desaparecidos son Albert Snaider Centeno Thomas, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz; Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix.
Los cuatro jóvenes fueron secuestrados el 18 de julio de 2020 en Triunfo de la Cruz, en el Caribe hondureño, por hombres armados en una operación policial.
Con información de EFE
