- Analistas y organizaciones civiles cuestionan al jefe del Estado Mayor Conjunto por descalificar a militares retirados y por afirmar que las FFAA son “instrumento del poder político”.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, siguen generando preocupación en distintos sectores del país.
Esta vez, el analista en temas de seguridad, Germán Licona, se sumó a las críticas y señaló que la respuesta del alto jefe militar a los señalamientos de generales en condición de retiro fue impropia y contraproducente para una institución que debe mantenerse apolítica.
“El nivel de las declaraciones fueron muy bajas. Debe haber una reconsideración de lo manifestado para no entrar en un problema institucional, donde la oficialidad en retiro también goza de derechos y garantías constitucionales”, advirtió Licona.
El experto aseguró que, aunque considera a Hernández un oficial profesional, sus recientes declaraciones descalificando a sus antecesores y afirmando que las Fuerzas Armadas son “instrumento del poder político” violentan el artículo 272 de la Constitución, que establece la naturaleza apolítica de la institución castrense.
El silencio incómodo de la cúpula militar Licona lamentó que el general haya optado por responder a la crítica con descalificaciones, en lugar de asumir una postura institucional madura frente al debate democrático.
Según él, los militares retirados tienen el derecho y el deber de opinar cuando perciben amenazas a la institucionalidad y la democracia.
“No podemos seguir señalando éticamente a quienes denuncian. Si hay alertas, deben ser escuchadas. Y si usted fue nombrado por la presidenta, no olvide que el artículo 272 no le permite ser instrumentalizado políticamente”, dijo el analista, dirigiéndose directamente al jefe militar.
Organizaciones exigen su destitución
El lunes, la organización Defensores de Honduras publicó un pronunciamiento aún más contundente: exigieron la destitución inmediata del general Roosevelt Hernández, al considerar que sus declaraciones representan una subordinación directa al poder político y una amenaza al equilibrio democrático.
“Ha emitido declaraciones que contradicen el artículo 272 de la Constitución al afirmar que las Fuerzas Armadas son un instrumento del poder político”, denunció la organización.
Para los defensores de derechos civiles y constitucionales, esta afirmación no solo rompe con el principio de neutralidad de las FFAA, sino que abre la puerta a una politización peligrosa, especialmente en un contexto preelectoral como el que vive actualmente el país.
¿Fuerzas Armadas al servicio de quién?
Las tensiones entre el general Hernández y sectores críticos reflejan un problema más profundo: la instrumentalización de las instituciones armadas por parte de los gobiernos de turno.
Aunque la Constitución es clara al prohibir la participación política activa de las FFAA, declaraciones como las del actual jefe del Estado Mayor avivan los temores de una regresión autoritaria o un uso electoral de la fuerza militar.
Un llamado a la moderación y al respeto institucional
El analista Licona hizo un llamado a la reflexión, no solo al general Hernández, sino a toda la clase política:
“Ya es tiempo de ver con rostro frío hacia dónde está llevando al país la clase política. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones apolíticas por mandato constitucional. Eso debe respetarse”.
Mientras crece la presión pública para que el general Hernández aclare sus posturas o sea removido del cargo, el silencio oficial se mantiene. Pero la pregunta persiste: ¿defienden las FFAA la Constitución o a un proyecto político?
