TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El abogado Carlos Arévalo lanzó este fin de semana una severa advertencia sobre el manejo del caso Koriun Inversiones, afirmando que el Gobierno estaría intentando avalar un fraude masivo al pretender pagar con fondos públicos las pérdidas de miles de afectados por la presunta estafa financiera.
“El Gobierno quiere convertirse en aval de un fraude masivo”, expresó Arévalo al referirse a la propuesta estatal de compensar económicamente a los más de 35 mil afectados por Koriun, una empresa que operaba sin licencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y que prometía intereses de hasta 5% semanal (20% mensual), en lo que expertos han calificado como un esquema Ponzi.
El togado también alertó sobre la posibilidad de que el Ejecutivo impulse la iniciativa a través de un Decreto de Consejo de Ministros (PCM), debido a la falta de consenso en el Congreso Nacional, lo cual podría generar una imposición sin el respaldo del poder legislativo.
“El Gobierno busca imponer un PCM para usar impuestos y cubrir lo que falta para pagar a quienes fueron estafados”, denunció Arévalo, subrayando que este mecanismo generaría un grave precedente de uso de recursos públicos para cubrir pérdidas privadas, lo cual —según expertos— está prohibido por la Constitución hondureña.
La propuesta ha generado una fuerte polémica en diversos sectores, desde analistas políticos hasta juristas constitucionalistas, quienes coinciden en que el Estado no puede asumir deudas privadas, mucho menos con fondos provenientes de los contribuyentes.
Koriun Inversiones fue intervenida el pasado 23 de abril de 2025 por el Ministerio Público, en una operación liderada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
En la redada se aseguraron oficinas en Choloma y otras ciudades, así como 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas bancarias, que se presume podrían formar parte del dinero captado ilegalmente.
La propuesta de utilizar fondos del Estado para pagar a los estafados ha encendido las alarmas sobre posibles violaciones al orden constitucional y la apertura de un peligroso precedente de rescate financiero a estructuras fraudulentas.
