El Gobierno de Javier Milei replicó ayer lunes de que es «extremadamente cauteloso» respecto de la situación institucional de Bolivia y que el último comunicado de la Oficina del Presidente, que derivó en que el Gobierno boliviano convocara al embajador argentino en La Paz, es «simplemente una descripción de los hechos».
«No creemos que vaya a generar absolutamente ningún conflicto el comunicado, porque es simplemente una descripción de los hechos, de las diferentes informaciones que vamos recolectando, algunas que, por supuesto, ustedes ya conocen y otras que nos llegan por los carriles o los canales habituales del Gobierno, que hacen que efectivamente entendamos que hay que seguir tomando cautela», manifestó a los periodistas el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una rueda de prensa en la sede del Ejecutivo.
«Sabemos de la delicada situación institucional. Entendemos la existencia de lo que se denominan presos políticos (…), donde se entiende que pudo haber algún tipo de falta de claridad en sus juicios o irregularidades, y estamos atentos a los acontecimientos», ratificó Adorni.
El Gobierno de Bolivia convocó este lunes al embajador de Argentina en La Paz, Marcelo Massoni, para expresar un «enérgico rechazo» al comunicado difundido este domingo por la Oficina del Presidente de la República de la Argentina que «repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada» por el presidente de Bolivia, Luis Arce.
La ministra boliviana de la Presidencia, Maria Nela Prada, en funciones este lunes como canciller interina, anunció en conferencia de prensa que también mandó a llamar «en consulta» al embajador de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia, «para que se haga presente en la sede de Gobierno» de su país.
La Oficina de la Presidencia de la República de Argentina publicó a última hora del domingo un comunicado en donde repudia «la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el Gobierno» de Bolivia.
En la nota también acusa al Gobierno del presidente Luis Arce de controlar los tres poderes del Estado y tener más de «doscientos presos políticos», incluida la expresidenta interina Jeanine Áñez y el gobernador del departamento de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, ambos procesados por la crisis política y social de 2019.
Según el Gobierno de Milei, la democracia boliviana «está en peligro» pero no por el «intento de golpe militar», sino porque «los Gobiernos socialistas derivan en dictaduras» y comparó al país andino con «Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte».
El miércoles pasado un grupo de militares fuertemente armados y con tanques encabezado por el destituido jefe militar Juan José Zuñiga realizó un alzamiento armado en contra de la sede del Gobierno de Luis Arce. Horas después el entonces comandante se replegó y fue encarcelado.
Entre quienes han cuestionado la veracidad de la versión del presidente Arce sobre un «intento de golpe de Estado» están el expresidente y líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, quien señaló que el Gobierno fingió un «autogolpe», por lo que llamó «mentiroso» a Luis Arce.