• La medida seguirá vigente hasta el 12 de noviembre; el Ejecutivo continúa limitando derechos constitucionales sin la aprobación del Legislativo.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro anunció este sábado la extensión número 24 del estado de excepción parcial, que estará en vigor por 45 días más, desde las 6:00 de la tarde del lunes 29 de septiembre hasta el 12 de noviembre de 2025.
El anuncio fue realizado por el director de Comunicación de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, quien confirmó que el nuevo decreto PCM-28-2025 prolonga nuevamente la suspensión de garantías constitucionales bajo el argumento de combatir la criminalidad y la extorsión.
Una medida que se repite y se vuelve regla
El estado de excepción se decretó inicialmente el 6 de diciembre de 2022, con la promesa de ser una estrategia temporal.
Sin embargo, han pasado 24 ampliaciones consecutivas, convirtiendo lo que debía ser una herramienta excepcional en una práctica normalizada.
Más grave aún, las últimas prórrogas no han contado con la aprobación del Congreso Nacional, requisito constitucional para que la medida tenga plena legalidad.
El Ejecutivo se ha limitado a publicar los decretos en La Gaceta, gobernando al margen de la autorización legislativa y debilitando el sistema de contrapesos democráticos.
Resultados cuestionados
Martínez Madrid defendió la continuidad de la estrategia, asegurando que ha permitido capturas masivas y una reducción en la violencia.
Según cifras oficiales, en el marco del estado de excepción se reportan 5,069 detenciones por extorsión y delitos conexos, 79,417 por diversos delitos y la ejecución de 22,497 órdenes de captura, además de 18,840 armas de fuego decomisadas.
El funcionario agregó que, en comparación con 2024, se registra una reducción del 14 % en muertes violentas, lo que a su criterio demuestra que los resultados son “positivos y alentadores”.
Derechos en suspenso
No obstante, el costo de esta política recae en la ciudadanía.
El estado de excepción suspende libertades fundamentales como la libre circulación, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de asociación y la protección contra detenciones arbitrarias.
Diversos sectores de la sociedad civil han cuestionado que el Gobierno utilice esta herramienta de manera indefinida, sin una verdadera política de seguridad integral y sin rendir cuentas claras sobre los abusos y excesos cometidos bajo su amparo.
El trasfondo político
La decisión también abre un debate político: mientras el Ejecutivo insiste en presentar cifras como logros, la falta de legalidad en la aprobación de las prórrogas revela un patrón de concentración de poder y debilitamiento institucional.
En la práctica, el estado de excepción se ha convertido en un recurso permanente de control, más político que técnico, y que cada vez genera más dudas sobre la capacidad del Gobierno de Xiomara Castro para ofrecer seguridad sin atropellar derechos ciudadanos.
