- Aunque Xiomara Castro prometió eliminar las adquisiciones directas por corrupción, su administración vuelve a autorizar compras sin licitación bajo el argumento de atender los daños provocados por las lluvias en el Distrito Central y cuatro departamentos más.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A través de una publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el Gobierno de la República oficializó un nuevo estado de emergencia por 45 días en los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira, con especial atención en el Municipio del Distrito Central, debido a las condiciones de alta vulnerabilidad provocadas por las lluvias que afectan gran parte del país.
El decreto ejecutivo autoriza a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y a otras instituciones estatales a realizar compras directas de bienes y servicios, sin necesidad de procesos de licitación, bajo el argumento de que estas medidas son necesarias para prevenir daños mayores y responder de forma inmediata ante la temporada ciclónica.
Promesas rotas: el regreso de las compras sin licitación
Durante su campaña presidencial, la presidenta Xiomara Castro prometió eliminar las compras directas, calificándolas como una fuente de corrupción y opacidad en la gestión pública.
No obstante, su gobierno ha recurrido reiteradamente a decretos de emergencia que habilitan este tipo de adquisiciones sin los mecanismos ordinarios de transparencia.
Desde helicópteros, medicamentos y granos básicos, hasta la construcción de cárceles de máxima seguridad en zonas protegidas, las compras sin licitación se han vuelto una constante en la actual administración.
Al mismo tiempo, se han declarado reservas de información sobre muchos de estos procesos, dificultando el escrutinio público y el acceso a datos sobre el uso de los fondos.
Fondos internacionales y poder concentrado en Sinager
El decreto también instruye a la Secretaría de Relaciones Exteriores a gestionar recursos internacionales con países cooperantes y organismos multilaterales, con el fin de financiar las acciones de recuperación, reconstrucción y asistencia humanitaria derivadas de las lluvias.
Además, se otorgan facultades extraordinarias al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), integrado por instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Sistema Nacional de Emergencia 911, para ejecutar obras, adquirir suministros y contratar servicios por vía directa.
Aunque la flexibilización busca agilizar la atención a las comunidades afectadas, los antecedentes recientes generan dudas sobre los controles y la fiscalización de estos procesos.
Las preguntas persisten: ¿quién supervisa las adquisiciones? ¿qué mecanismos garantizan la transparencia? ¿por qué la ciudadanía no puede acceder a la información?
Teletrabajo, caos vial y promesas incumplidas
Entre las disposiciones, el decreto establece que el 70% del personal estatal en Tegucigalpa deberá trabajar de forma remota, mientras se implementa un plan de emergencia vial en el Distrito Central, una medida que permanecerá vigente hasta que la Alcaldía capitalina ejecute las obras necesarias.
Sin embargo, en un país donde la opacidad ha sido la norma bajo los decretos de emergencia, este nuevo episodio confirma una tendencia preocupante: la normalización de las compras sin control, justificadas en la urgencia de actuar, pero sin rendición de cuentas clara ante la ciudadanía.
