TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En una noticia de alto interés nacional y con implicaciones directas para miles de hondureños afectados, el gobierno de la República no podrá resarcir las pérdidas económicas sufridas por los socios de Koriun Inversiones, empresa señalada por presunta estafa, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria.
Así lo confirmó el ministro de Finanzas, Christian Duarte, quien reconoció la gravedad de la situación, pero fue enfático al señalar que ninguna institución pública está facultada ni cuenta con fondos asignados para cubrir el dinero perdido por los inversionistas.
“Pese a que un gobierno tiene el deber de atender a los más desprotegidos, la realidad es que no existe ninguna partida presupuestaria destinada a este tipo de compensación. Ninguna institución pública está habilitada para pagar esa supuesta deuda. Yo eso lo puedo confirmar”, declaró Duarte ante consultas de la prensa.
Solo el Congreso podría habilitar una solución
El titular de Finanzas explicó que la única alternativa viable sería una orden del Congreso Nacional para redirigir recursos dentro del actual presupuesto general.
Sin embargo, advirtió que dicho proceso requeriría un análisis legal y fiscal, además de voluntad política.
“Solo el Congreso podría instruir la búsqueda de fondos en el marco del presupuesto vigente, pero eso depende de un proceso legislativo”, recalcó.
Miles de hondureños afectados
La empresa Koriun Inversiones se encuentra bajo investigaciones por operar un esquema que dejó a numerosos hondureños sin los ahorros que habían confiado a la supuesta firma de inversiones.
Las víctimas exigen justicia y apoyo económico, pero esta declaración del ministro representa un duro golpe a las expectativas de compensación directa desde el Estado.
¿Qué es el caso Koriun Inversiones?
Koriun Inversiones fue una empresa que operó en Honduras desde 2017, ofreciendo rendimientos financieros inusualmente altos, de hasta un 20 % mensual, sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
La compañía atrajo a más de 35,000 inversionistas en al menos siete departamentos del país, funcionando bajo un esquema Ponzi, donde los pagos a los inversionistas antiguos se realizaban con los fondos de nuevos aportantes.
En abril de 2025, el Ministerio Público intervino las oficinas de Koriun tras denuncias de captación ilegal de fondos.
Durante los allanamientos, se aseguraron aproximadamente 358 millones de lempiras en efectivo y activos vinculados a la empresa.
El gerente general, Iván Velásquez, fue capturado y enfrenta cargos por lavado de activos, estafa y otros delitos.
Este caso ha expuesto graves fallas en la supervisión financiera del país y ha dejado a miles de hondureños en riesgo de perder sus ahorros.