- La ampliación de la medida, vigente desde 2022, genera preocupación entre defensores de derechos humanos que advierten sobre el riesgo de limitar libertades en pleno proceso electoral. El ministro de Seguridad asegura que “solo los criminales deben preocuparse”.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo de Ministros aprobó la ampliación del Estado de Excepción hasta el 27 de diciembre, anunció el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien confirmó que los hondureños acudirán a las urnas bajo esta medida, vigente desde diciembre de 2022 y duramente cuestionada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Sánchez explicó que se trata de un estado de excepción parcial, que actualmente cubre la mitad del territorio nacional, y que —según dijo— se aplica solo para combatir cinco delitos específicos: crimen organizado, extorsión, secuestro y asesinato.
“El 9 de marzo tuvimos elecciones internas y desde la perspectiva de seguridad ciudadana no hubo ninguna problemática, porque somos una institución respetuosa de los derechos humanos”, afirmó el ministro.
Una medida “temporal” que se volvió permanente
El estado de excepción, implementado originalmente el 6 de diciembre de 2022 como una acción temporal para combatir la extorsión y el crimen organizado, ha sido prorrogado 25 veces por el actual gobierno, lo que ha generado una creciente preocupación sobre su carácter permanente.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que la medida suspende garantías constitucionales como la libertad de circulación y la inviolabilidad del domicilio, abriendo la puerta a abusos, detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial.
Aunque el gobierno insiste en que el propósito es “proteger a la población honesta”, los críticos sostienen que el estado de excepción se ha convertido en un instrumento de control político y social, especialmente sensible ahora que el país entra en un periodo electoral.
Elecciones bajo restricción: un precedente peligroso
Con la nueva ampliación, el estado de excepción abarcará todo el proceso electoral, lo que implica que los hondureños votarán el 30 de noviembre bajo un régimen de limitación de derechos, una situación sin precedentes en la historia reciente del país.
Defensores de derechos humanos advierten que realizar elecciones en un contexto de excepción puede afectar la libertad de reunión, la movilización ciudadana y el monitoreo electoral, además de enviar un mensaje contradictorio sobre la confianza del Estado en su propia institucionalidad democrática.
“Los estados de excepción deben ser medidas extraordinarias, no una normalidad legal. Que un proceso electoral se desarrolle bajo esta figura es preocupante para la democracia”, señaló recientemente un informe del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
El ministro se defiende: “Solo los criminales deben preocuparse”
El ministro Gustavo Sánchez minimizó las críticas y aseguró que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas garantizarán la seguridad durante los comicios, rechazando que la medida tenga fines políticos o restrictivos.
“Los que deben preocuparse por el estado de excepción son los criminales y miembros del hampa. Las instituciones de seguridad son respetuosas de los derechos humanos”, sostuvo.
Asimismo, llamó a la ciudadanía a acudir a votar masivamente el próximo 30 de noviembre, afirmando que será una “fiesta democrática”.
“Garantizamos que se va a respetar la voluntad soberana y popular”, prometió.
Cuestionamientos internacionales y versiones negadas
Consultado sobre los señalamientos internacionales, el funcionario negó la versión de que 90 países habrían solicitado a Honduras la eliminación del estado de excepción, calificando esa información como “noticias falsas”.
No obstante, organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han expresado reiteradas preocupaciones sobre el uso prolongado de medidas excepcionales y su impacto en el Estado de derecho.
Entre seguridad y control político
Si bien el gobierno defiende la medida como una estrategia eficaz para reducir la criminalidad, sus críticos insisten en que la seguridad ciudadana no puede justificarse a costa de los derechos fundamentales.
La prórroga del estado de excepción, coincidiendo con el proceso electoral, reabre el debate sobre el equilibrio entre seguridad y democracia, especialmente en un país con instituciones frágiles y alta polarización política.
“El verdadero desafío no es garantizar votos bajo control policial, sino garantizar que el voto sea libre”, advirtió un analista político consultado por este medio.
