Aunque las autoridades destacan reducciones en homicidios y capturas históricas, persiste la crítica sobre el uso prolongado de un régimen que limita garantías constitucionales y no resuelve las raíces de la violencia.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Gobierno de Honduras anunció la ampliación por 45 días del Estado de Excepción Parcial, medida que entró en vigencia ayer a las 6:00 de la tarde y se mantendrá hasta el lunes 29 de septiembre de 2025.
Según las autoridades, la decisión responde a los “resultados positivos” obtenidos en el marco de la estrategia nacional de seguridad, implementada a través de decretos que suspenden parcialmente garantías constitucionales.
De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año 2025, 93 municipios reportan cero homicidios y 265 han registrado entre 0 y 8 muertes violentas, lo que representa el 89% del territorio nacional.
Estos datos, según la Secretaría de Seguridad, han contribuido a una reducción de 13 puntos en la tasa anual de homicidios por cada 100 mil habitantes.
El informe también destaca la desarticulación de 51 bandas criminales, la captura de 56 personas solicitadas en extradición, más de 74 mil detenciones por diversos delitos, 21,407 órdenes de captura ejecutadas y el decomiso de 18,840 armas de fuego.
En el ámbito del narcotráfico, se reportan 44,635 libras de marihuana, 12,443 kilos de cocaína, 775 kilos de fentanilo y la destrucción de 33 narcolaboratorios.
No obstante, el uso recurrente de esta figura excepcional abre un debate: ¿se está combatiendo el crimen o consolidando un modelo de seguridad basado en la restricción de derechos ciudadanos?
Organismos de derechos humanos han advertido que la medida, si bien muestra resultados inmediatos, no ataca las causas estructurales de la violencia como la desigualdad, el desempleo y la corrupción institucional.
El Estado de Excepción, que comenzó como una herramienta temporal contra la criminalidad, suma ya múltiples prórrogas que han normalizado la suspensión de libertades fundamentales, como la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio, bajo el argumento de mantener la seguridad pública.
La pregunta que queda en el aire es si Honduras avanza hacia una verdadera solución contra el crimen o hacia una dependencia permanente de un régimen de excepción que erosiona la democracia en nombre de la seguridad.
