::: “Pareciera que hay una narrativa oculta detrás de eso”, afirma vicecanciller Gerardo Torres :::
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro está comprometido a acompañar en su denuncia a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, para determinar con
precisión quién está detrás de las supuestas amenazas en su contra.
“El compromiso de este gobierno es acompañarla en su denuncia, ver
cuáles son las fuentes de eso, cuál es el nivel de peligrosidad que tiene y
ojalá que ella pueda regresar a seguir su trabajo”, dijo el viceministro de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Gerardo Torres.
“Es preocupante que alguien que se dedica al tema de anticorrupción diga que es amenazada a muerte, hay que darle la seriedad del caso y ver de dónde realmente vinieron esas amenazas; este gobierno está comprometido con apoyar ese tipo de planteamientos de la señora Castellanos como de cualquier otro ciudadano que sienta vulnerada su seguridad”, manifestó.
El funcionario reiteró que es sorprendente que en 141 líneas de investigación del CNA no hubo ninguna acusación en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, como cabeza del cartel y de la dictadura.
“Gabriela Castellanos estuvo nueve años al frente del CNA, 141 líneas de investigación y una vez mencionó a JOH, lo menciona, y en menos de dos semanas después es amenazada; debe de ser preocupante y debe de tener la seriedad de investigación y no caer en campañas, en narrativas”, señaló Torres.
“Dijimos eso y prácticamente 72 horas después sacaron la primera
denuncia directa contra Juan Orlando Hernández y en menos de un mes
después hay acusaciones, amenazas en contra de Gabriela Castellanos,
hay que ver la línea de tiempo desde ahí, no dejarse llevar por narrativas
o por campañas”, expresó Torres.
Las declaraciones de la directora del CNA, relativas a que fue amenazada y que por esa razón salió del país, “deben llamar a la preocupación como a cualquier ciudadano que sienta una amenaza”.
“De parte del gobierno, como defensor del tema de derechos humanos,
es nuestra obligación hacer una investigación al respecto”, puntualizó
el vicecanciller.
“Pareciera que hay una narrativa oculta detrás de eso” sin que ello implique que el gobierno demerite la denuncia de
Castellanos, concluyó.
