• Consejo de Ministros ordena reducción del gasto, fusión de instituciones y medidas de ahorro que prometen L 7,500 millones anuales
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El gobierno hondureño anunció que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026 rondará los 430 mil millones de lempiras, una reducción significativa frente a los 469 mil millones aprobados en septiembre de 2025 por la administración anterior en Consejo de Ministros.
El anuncio fue realizado por el secretario de prensa, José Argueta, quien detalló que el nuevo monto responde a un proceso de revisión del gasto público y a una estrategia de racionalización financiera impulsada por el actual gobierno.
Según explicó, el presupuesto heredado sufrirá un ajuste de aproximadamente 39 mil millones de lempiras hasta ubicarse en un estimado de 430 mil millones.
Señalamientos sobre crecimiento de la planilla
Argueta recordó que el martes por la noche señaló que la administración anterior incrementó la planilla en 20 mil millones de lempiras anuales solo en la administración central. Sin embargo, tras revisar otras instituciones públicas y poderes del Estado, la cifra habría ascendido a 33 mil millones de lempiras.
Asimismo, indicó que la Secretaría de Estrategia gastaba alrededor de 1,500 millones de lempiras y mantenía bajo su mando a más de 500 empleados en uno de los canales estatales.
En ese contexto, los secretarios de Estado deberán presentar en un plazo de dos semanas un informe pormenorizado sobre la situación actual de cada institución.
Fusión de instituciones y ahorro mensual
El funcionario reiteró que las entidades con servicios duplicados serán fusionadas para optimizar recursos y mejorar la atención a la población. Entre los casos mencionados figuran Sedecoas, la Secretaría de Planificación y la Secretaría de la Presidencia.
“Se elimina la duplicidad de los recursos, no las funciones que brindan al pueblo”, afirmó.
Según las autoridades, las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros del martes 25 de febrero de 2026 generarán un ahorro de 600 millones de lempiras mensuales, lo que equivale a 7,500 millones anuales.
Entre las medidas anunciadas destacan:
• Eliminación de alquiler de vehículos blindados tipo Prado, cuyo costo rondaba los 1,200 millones de lempiras anuales.
• Reducción en consumo de combustible.
• Cancelación de alquileres de edificios considerados innecesarios.
Ley antiextorsión y gobierno digital
Argueta confirmó que en los próximos días se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley antiextorsión, con el objetivo de combatir este flagelo que afecta a comerciantes y ciudadanos.
Además, anunció la implementación de programas de simplificación administrativa y gobierno digital para reducir la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos.
Como ejemplo, mencionó que la Secretaría de Infraestructura habilitará una plataforma digital donde se podrá visualizar en tiempo real la ubicación geográfica de proyectos, sus costos y avances antes y después de su ejecución.
Infraestructura y salud
En el segundo PCM aprobado en Consejo de Ministros se ordenó la reparación inmediata del Muelle del Henecán, infraestructura que, según el funcionario, está a punto de colapsar.
En materia sanitaria, confirmó la salida de las brigadas médicas cubanas del país al no cumplir —según lo expuesto— con tres requisitos esenciales: gratuidad, temporalidad no mayor a 90 días y certificación por parte del Colegio Médico de Honduras.
Los médicos cubanos recibían estipendios de entre 1,600 y 2,500 dólares mensuales, operaron por más de un año y, de acuerdo con lo declarado, no presentaron certificaciones ante el gremio médico.
Por otro lado, anunció que en los próximos días iniciará una jornada de vacunación contra el sarampión que beneficiará a 36 mil niños.
Obras viales en marcha
Finalmente, informó que ya comenzó la reparación de 2,700 kilómetros de carretera en el marco de la Semana Santa, como parte del plan de infraestructura vial.
El paquete de anuncios marca una hoja de ruta enfocada en ajuste presupuestario, reestructuración institucional y combate a la criminalidad, en medio de un escenario de presión fiscal y demandas ciudadanas por mayor transparencia y eficiencia en el manejo del gasto público.
