- Mientras hospitales y escuelas enfrentan carencias, el presupuesto 2025 destina más de mil millones de lempiras a publicidad, beneficiando a una empresa cuestionada y cercana al oficialismo.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Presupuesto General de la República 2025 refleja una preocupante reorientación de prioridades del gobierno hondureño: menos recursos para salud y educación, y más dinero para bonos, salarios y, sobre todo, propaganda institucional.
Así lo denunció este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), al presentar un análisis basado en datos oficiales de la Secretaría de Finanzas.
Según el informe, el Ejecutivo ha privilegiado el gasto corriente y político sobre la inversión social, reduciendo partidas esenciales que impactan directamente en la calidad de vida de los hondureños.
Mientras tanto, los fondos para publicidad y propaganda gubernamental registran un aumento de 72.8 %, alcanzando los L 1,061 millones, un monto que equivale al 67 % del presupuesto nacional destinado a medicamentos o que bastaría para dotar de textos escolares a 1.8 millones de estudiantes.
La ASJ subraya que este incremento desproporcionado en gasto publicitario contrasta con las fuertes reducciones en áreas críticas: medicamentos (-30 %), hemodiálisis (-25 %) y transferencias a centros educativos municipales (-100 %), entre otras.
“El presupuesto ha sido modificado priorizando el gasto político sobre las necesidades básicas del pueblo hondureño”, advierte el documento.
Publicitar más que educar o curar
Dos instituciones concentran el 84% del gasto en propaganda: la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), con L 762.7 millones, y el Instituto de la Propiedad, con L 124.5 millones.
Desde su creación en 2022, la SPE ha multiplicado su presupuesto más de 12 veces, pasando de L 132.3 millones a L 1,569.7 millones para 2025.
De ese total, casi la mitad (49%) está destinada exclusivamente a publicidad y propaganda, y el 99 % ya ha sido ejecutado.
A esto se suma la aprobación del Decreto Ejecutivo 001-2023, que permite la contratación directa de servicios de comunicación a través de la Dirección General de Información y Prensa, dependiente de la misma secretaría.
Este decreto ha abierto la puerta a empresas de reciente creación, como Nextcentral, que ha recibido L 27.2 millones en pagos parciales por contratos cuyos montos totales se desconocen.
Nextcentral, registrada en 2024 y dirigida por un socio de nacionalidad venezolana, fue acreditada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como encuestadora oficial para las primarias de 2025, y en octubre pasado publicó una encuesta de intención de voto favorable al oficialismo.
Además, su representante legal funge simultáneamente como secretario general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, lo que inhabilita a la compañía para contratar con el Estado, según las leyes hondureñas.
Bonos y gasto político en año electoral
El análisis también revela un incremento del 69 % en las transferencias monetarias —los llamados “bonos”—, incluyendo el Bono Climático, financiado por el BCIE con L 741.9 millones, de los cuales ya se ha ejecutado el 97 %, y otros bonos financiados por la Tesorería General de la República, que suman L 1,026.3 millones con una ejecución del 86 %.
Estos fondos, señala ASJ, son de carácter discrecional y difícilmente auditables, lo que genera sospechas de uso político de los recursos públicos a las puertas de un proceso electoral clave en 2025.
ASJ: “El Gobierno debe rendir cuentas y regular su propaganda”
Ante estos hallazgos, la Asociación para una Sociedad más Justa instó al Gobierno a reevaluar sus prioridades presupuestarias, garantizando que las reasignaciones respondan a criterios técnicos y necesidades reales del país.
También exigió una rendición de cuentas sobre los resultados del gasto público, y la aprobación de una ley que regule la publicidad oficial, en cumplimiento de las restricciones establecidas en la legislación electoral y de financiamiento político.
“La transparencia no se mide por cuántos bonos se entregan o cuántos anuncios se publican, sino por cómo se utilizan los recursos para mejorar la vida de la gente”, concluye el informe de ASJ.
