• El Tribunal Superior de Cuentas detectó uso discrecional del Fondo de Administración Solidaria, cheques cobrados irregularmente y beneficiarios ligados a la diputada Isis Carolina Cuéllar. El caso ya fue remitido al Ministerio Público.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Un informe especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló serias irregularidades en la gestión del Fondo de Administración Solidaria (FAS) por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), señalando la participación del Congreso Nacional y la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo en la asignación de fondos públicos de forma contraria a lo que establece la ley.
El FAS, creado según el artículo 292 del Presupuesto General 2023 para financiar obras sociales solicitadas por comunidades, patronatos, alcaldías, juntas de agua y organizaciones locales, fue utilizado —según la investigación— con fines políticos y discrecionales, incumpliendo el objetivo de beneficiar a sectores vulnerables.
Desvío de más de 6 millones de lempiras
El informe señala que en mayo de 2023 se asignaron 6.5 millones de lempiras, a solicitud directa de la diputada Cuéllar.
De ese monto, se emitieron 67 cheques, de los cuales solo 58 fueron cobrados, representando un desembolso final de 5.1 millones de lempiras.
Sin embargo, el TSC documenta que parte de esos recursos nunca llegaron a las comunidades.
Varios beneficiarios declararon que no recibieron la totalidad del dinero, pues fueron inducidos a cambiar los cheques en diferentes agencias de BANADESA y entregar el efectivo a Ilsy Baquedano, integrante del equipo de trabajo de la diputada.
Entre noviembre de 2024 y enero de 2025 se registró el cambio masivo de cheques en agencias de San Pedro Sula, Gracias y La Entrada, revelando una práctica sistemática de concentración y retiro de fondos.
Red de beneficiarios políticos
La investigación identificó que muchos de los beneficiarios estaban vinculados políticamente a la diputada Cuéllar, a candidatos del partido de gobierno o a personas con parentesco y afinidad directa con ella. Incluso se detectaron casos de beneficiarios con empleos estables, propiedades y solvencia económica, lo que contradice el carácter social del programa.
Además, las compras de materiales para supuestas obras sociales reflejaron graves inconsistencias: presupuestos idénticos para diferentes beneficiarios, materiales abandonados y deteriorados, e incluso bienes adquiridos sin uso ni resguardo adecuado.
Debilitamiento institucional
El informe concluye que la ausencia de controles internos en SEDESOL, la omisión de supervisión por parte de sus autoridades y la aprobación irregular de reglamentos —como el Acuerdo Ministerial 083-A-SEDESOL-2023, nunca publicado en La Gaceta— facilitaron el uso discrecional y arbitrario de los recursos públicos.
“Las prácticas detectadas en el manejo del Fondo de Administración Solidaria fomentan la cultura de la impunidad, debilitan la confianza institucional y ponen en riesgo la legitimidad de las políticas sociales”, señala el documento.
Caso en manos del Ministerio Público
Ante la magnitud de los hallazgos, el Tribunal Superior de Cuentas remitió el informe al Fiscal General del Estado, para que se realicen las acciones legales correspondientes y se determine la responsabilidad administrativa, civil o penal de los implicados.
El caso ahora queda en manos del Ministerio Público, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos destinados al desarrollo social.
Aquí el informe completo:
