• Colproforh advierte que la designación del nuevo director del Instituto de Conservación Forestal podría vulnerar requisitos establecidos en la Ley Forestal vigente
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Colegio de Profesionales Forestales de Honduras (Colproforh) solicitó públicamente al presidente constitucional Nasry Asfura que revise el reciente nombramiento del director ejecutivo del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, al considerar que podría no cumplir con los requisitos establecidos en la legislación nacional.
Este día, el mandatario tomó la promesa de ley a Juan Carlos Ramos Ramírez como nuevo director ejecutivo del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), entidad responsable de la protección de los recursos naturales, la conservación de las áreas protegidas y la gestión ambiental del país.
No obstante, la junta directiva de Colproforh, a través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, expresó su preocupación y pidió revisar la designación, argumentando que la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece requisitos específicos para ocupar dicho cargo.
Según los agremiados, el artículo 15 del decreto 98-2007 es claro al señalar que, además de cumplir con los mismos requisitos que un secretario de Estado, el director o subdirector ejecutivo del ICF debe:
1. Ser profesional universitario en el área forestal, áreas protegidas o vida silvestre, con una experiencia mínima de cinco años.
2. No haber sido condenado por delitos contra la Administración Pública ni denunciado oficialmente por infracciones ambientales, salvo que la acusación sea maliciosa o falsa.
3. Acreditar honorabilidad personal y profesional mediante los atestados correspondientes.
4. No dedicarse a la industria primaria o secundaria de la madera como propietario, accionista o gerente.
En ese contexto, el gremio forestal advirtió que el nombramiento de personas que no cumplan con estos criterios representa un grave problema institucional, ya que —según detallaron— la omisión de este mandato legal constituiría una infracción directa al principio de legalidad administrativa, uno de los pilares del Estado de Derecho.
Asimismo, señalaron que este tipo de decisiones debilitan la rectoría técnica del sector forestal, generan incertidumbre y afectan la institucionalidad encargada de la gestión ambiental.
A juicio de los profesionales, también se compromete seriamente la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones de protección, manejo sostenible y conservación del patrimonio natural de la Nación.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni el Instituto de Conservación Forestal han emitido una respuesta oficial al pronunciamiento del gremio, mientras el debate sobre la idoneidad del nombramiento comienza a tomar fuerza en sectores ambientales y técnicos del país.
