La investigación realizada por ASJ analiza los casos de María Enriqueta Matute, Santos Hipólito Rivas Baquedano y Juan Bautista Silva Ventura, cuyas muertes reflejan un patrón de violencia estructural y ausencia de protección estatal.
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revela que Honduras atraviesa una crisis sostenida de violencia contra quienes protegen los recursos naturales y el ambiente. Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) confirman que 149 defensores ambientales han sido asesinados en los últimos diez años, en un contexto marcado por la conflictividad territorial y la debilidad del sistema de justicia.
Ante este panorama, el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional desarrolla la iniciativa “Guardianes silenciados”, que presenta un análisis detallado de tres casos emblemáticos de asesinatos de ambientalistas en el país.
Este esfuerzo se desarrolla en el marco del proyecto “Justicia ambiental y protección a defensores ambientales”, con el apoyo de la Embajada Británica en Guatemala, reafirmando el compromiso internacional con la protección de derechos humanos y ambientales en Honduras.
La investigación documenta los asesinatos de María Enriqueta Matute, Santos Hipólito Rivas Baquedano y Juan Bautista Silva Ventura, tres defensores comunitarios cuyas muertes reflejan patrones comunes de riesgo, abandono estatal e impunidad.
Los tres casos comparten elementos que evidencian deficiencias profundas en el sistema de protección y justicia, como la falta de investigaciones sobre autoría intelectual y redes económicas detrás de los crímenes.
El estudio de ASJ también evidencia altísimos niveles de impunidad, con más del 90 % de los delitos ambientales y ataques contra defensores que nunca llegan a juicio. El análisis revela, además, serias debilidades del Sistema Nacional de Protección, incluso en casos donde las víctimas contaban con medidas vigentes al momento de ser asesinadas. A ello se suma la influencia de poderes locales, grupos armados y economías ilegales vinculadas a los conflictos por tierra, bosques y recursos naturales, factores que incrementan el riesgo y obstaculizan el acceso a la justicia.
Guardianes silenciados combina evidencia, memoria y exigencia de justicia. La iniciativa no se limita a documentar los casos: a través de una plataforma digital, ASJ pondrá a disposición de defensores del ambiente, comunidades y ciudadanía en general información sobre rutas de denuncia, datos demográficos de crímenes ambientales y otros recursos para la exigencia de justicia y la protección efectiva.
Con este esfuerzo, ASJ busca romper el silencio, promover un debate público informado y exigir que el Estado hondureño garantice verdad, justicia, reparación y no repetición para las personas defensoras del ambiente asesinadas y sus comunidades.
