La fiscalía dice que actúa de manera independiente e intenta negar que su actuar esté afectando el desarrollo del proceso democrático.
Cientos de manifestantes salieron a las calles de Guatemala este domingo para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, así como otros funcionarios del Ministerio Público, a quienes señalan por interferir en el proceso electoral de las elecciones del 25 de junio.
Los asistentes a la marcha han remarcado que “independientemente de quien salió desfavorecido en las elecciones” las autoridades “deben respetar la decisión expresada en las urnas y no intervenir”.
La protesta, a la que han acudido organizaciones sociales e indígenas, comenzó frente al Tribunal Supremo de Justicia y concluyó frente a la Fiscalía. Desde los megáfonos, los manifestantes han pedido, además de la renuncia de Porras, la dimisión del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche y la fiscal Cinthia Monterroso.
Tras esta marcha, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que afirmó que es “una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún ente nacional o internacional, su actuar se desarrolla apegado al principio de legalidad, según su mandato constitucional, por lo que rechaza todo intento de presión y coacción para detener cualquier investigación en curso autorizada”.
“El Ministerio Público rechaza las campañas de desinformación que pretenden trasladar a la ciudadanía afirmaciones alejadas de la realidad y que suponen que se ponen en riesgo los resultados del 25 de junio en las elecciones generales y el próximo balotaje del 20 de agosto del presente año”.
El organismo considera que “estas campañas tienen como único objeto detener las investigaciones en curso”, por lo que ha denunciado que “la desinformación y las medidas de hecho para detener las investigaciones, fomenten la impunidad y se alejan del Estado de derecho”.
Por último, la Fiscalía ha hecho hincapié en que garantizará el desarrollo de la segunda vuelta electoral, tal y como resolvió la Corte de Constitucionalidad, “y manifiesta al pueblo de Guatemala con contundencia y determinación que siempre será ese bastión de la justicia que velará por todas las víctimas del delito para que obtengan las respuestas a sus demandas, investigando todas las denuncias que se presentan”.
El Tribunal Supremo Electoral declaró válidas las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio en las que las opciones más votadas fueron las de Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, conservador) y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, de izquierda.
Sin embargo, desde los comicios, la Fiscalía ha tratado de suspender la candidatura electoral del Movimiento Semilla, aunque la Corte de Constitucionalidad amparó al partido y anuló la decisión del fiscal. El Ministerio Público ha registrado tanto la sede de esta formación política como la del Registro de Ciudadanos del TSE, ordenando también la captura de Eleonora Castillo, subdirectora de dicho organismo.
Con información de Europa Press
