La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llama a los Estados miembros a fundamentar sus respuestas a la política de drogas en el derecho internacional de los derechos humanos, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 2023.
Asimismo consideró que incursionar una “‘guerra contra las drogas’ puede entenderse en gran medida como una guerra contra las personas”, dado que su impacto ha sido mayor en aquellas personas que viven en la pobreza.
En seguida el comunicado íntegro de la ONU:
Expertos de la ONU hacen un llamado para poner fin a la “guerra contra las drogas” global
Ginebra (23 de junio de 2023) – Expertas y expertos de Naciones Unidas* dijeron hoy que la comunidad internacional debe reemplazar el castigo con el apoyo y promover políticas que respeten, protejan y garanticen los derechos de todos y todas. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 2023, las personas expertas llamaron a un cambio transformativo en el abordaje internacional sobre el tema de drogas, para enfocarse en la salud y otros derechos humanos, formulando el siguiente pronunciamiento:
“La ‘guerra contra las drogas’ puede entenderse en gran medida como una guerra contra las personas. Su impacto ha sido mayor en aquellas personas que viven en la pobreza, y frecuentemente se superpone con la discriminación dirigida a grupos marginados, minorías y pueblos indígenas. En nuestra investigación y experiencia, hemos encontrado que dicho impacto discriminatorio es un elemento común en las políticas de drogas con respecto a la más amplia gama de derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad personal; el derecho a no ser objeto de tortura y otros malos tratos, así como a trabajos forzados; el derecho a un juicio justo; el derecho a la salud, incluyendo el acceso a medicamentos esenciales, cuidados paliativos, prevención y educación integral sobre drogas, tratamiento de drogas y reducción de daños; el derecho a una vivienda adecuada; la libertad de discriminación y el derecho a un trato igualitario ante la ley; el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; los derechos culturales y las libertades de expresión, religión, reunión y asociación.
A nivel mundial, el control de drogas ha tenido costos masivos para la dignidad, humanidad y libertad de las personas de ascendencia africana, con informes que muestran que las personas afrodescendientes enfrentan intervenciones desproporcionadas e injustas de las fuerzas del orden, detenciones y encarcelamientos por delitos relacionados con las drogas. En varios países, la ‘guerra contra las drogas’ ha sido más efectiva como un sistema de control racial que como una herramienta para reducir los mercados de drogas. Las intervenciones policiales basadas en el perfilamiento racial siguen siendo generalizadas, mientras que el acceso a tratamientos basados en evidencia y reducción de daños para las personas de ascendencia africana sigue siendo críticamente bajo.
En todo el mundo, las mujeres que consumen drogas enfrentan un estigma y discriminación significativos para acceder a programas de reducción de daños, tratamiento de dependencia de drogas y atención básica de salud. Aunque una de cada tres personas que consumen drogas son mujeres, las mujeres constituyen sólo una de cada cinco personas en tratamiento. Las mujeres también se ven afectadas de manera desproporcionada por la criminalización y el encarcelamiento, con un 35% de las mujeres en prisión en todo el mundo condenadas por delitos relacionados con las drogas, en comparación con el 19% de los hombres. Las causas de la interacción de las mujeres con el sistema de justicia penal en relación con las drogas son complejas y a menudo están vinculadas a otros factores como la pobreza y la coerción, y pueden reflejar la desigualdad de género sistémica en la sociedad de manera más amplia. Cabe destacar que la mayoría de las mujeres en prisión por delitos relacionados con las drogas tienen un bajo nivel educativo.
Según el derecho internacional, los Estados que aún no han abolido la pena de muerte sólo pueden imponerla por los ‘crímenes más graves’, es decir, crímenes de extrema gravedad que involucren homicidio intencional. Los delitos relacionados con las drogas claramente no cumplen con este umbral de gravedad. Sin embargo, los delitos relacionados con las drogas todavía son castigados con la pena de muerte en más de 30 países, y los expertos en derechos humanos han expresado preocupación por la evidencia de su impacto discriminatorio en personas pertenecientes a minorías.
Todas las personas, sin excepción, tienen derecho a intervenciones de reducción de daños que salvan vidas, las cuales son esenciales para la protección del derecho a la salud de las personas que consumen drogas. Sin embargo, según datos de las Naciones Unidas, solo 1 de cada 8 personas con dependencia de drogas tienen acceso a un tratamiento adecuado, y la cobertura de servicios de reducción de daños sigue siendo muy baja. La situación es particularmente crítica para las mujeres, las personas LGBTIQ+ y otros grupos discriminados, para quienes los servicios de reducción de daños y tratamiento pueden no estar adaptados ni responder a sus necesidades específicas. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ también enfrentan niveles aún más altos de estigma, incluido el autoestigma, y discriminación, que los hombres que consumen drogas.
A medida que la población envejece, el consumo de drogas entre las personas mayores de 65 años también ha aumentado. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la salud y el bienestar de las personas mayores, y los estudios muestran un aumento en el uso de analgésicos, tranquilizantes y sedantes en este grupo de edad. Además, las personas mayores que consumen drogas están recurriendo con mayor frecuencia a la dark web, las redes sociales y los foros en línea para obtener sustancias ilícitas, lo que ha llevado a un aumento de las muertes relacionadas con las drogas entre las poblaciones mayores.
La criminalización de sustancias tradicionalmente utilizadas por los pueblos indígenas, como la hoja de coca, también puede resultar en la supresión, socavamiento y marginación de los sistemas de conocimiento y medicina tradicionales, lo que tiene amplios impactos en la salud y está arraigado en jerarquías y concepciones discriminatorias. La erradicación forzada de cultivos, incluida la fumigación aérea con pesticidas altamente peligrosos, puede causar graves daños al medio ambiente y al agua potable, así como a la salud y el bienestar de las comunidades indígenas. Los pueblos indígenas que podrían verse afectados por estas y otras operaciones de control de drogas deben ser consultados de manera significativa, y se debe garantizar que no se violen sus vidas, prácticas culturales, tierras y recursos naturales.
Las leyes penales y el uso punitivo de sanciones administrativas y otras sanciones estigmatizan a las poblaciones que ya están marginadas. La criminalización resulta en barreras significativas para acceder a servicios de salud (incluidos los relacionados con el VIH y los cuidados paliativos) y en otras violaciones de derechos humanos. Como se solicita en la Posición Común del Sistema de las Naciones Unidas en materia de drogas, el consumo y posesión de drogas para uso personal deben despenalizarse con carácter de urgencia. El consumo o la dependencia de drogas nunca son una justificación suficiente para detener a una persona. Los centros de detención y rehabilitación obligatoria de drogas deben cerrarse y reemplazarse por servicios de salud comunitarios de naturaleza voluntaria, basados en evidencia y en el respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con el tema de este año, “Las personas primero: poner fin al estigma y la discriminación, fortalecer la prevención”, las Naciones Unidas y la comunidad internacional tienen la responsabilidad histórica de revertir la devastación causada por décadas de la “guerra contra las drogas” contra las comunidades que han sido marginadas y discriminadas.
Como se hizo en 2022, instamos a los Estados miembros y a todas las agencias de la ONU a fundamentar sus respuestas a la política de drogas en el derecho internacional de los derechos humanos. Los Estados y los organismos internacionales que brindan asistencia financiera o técnica en materia de política de drogas deben garantizar que estas políticas respondan a cuestiones de género al tiempo que defienden y protegen activamente los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Instamos a los Estados miembros y a los organismos internacionales a reemplazar sus políticas de drogas actuales por aquellas basadas en los principios de la aplicación de un enfoque de justicia integral, restaurativa y reintegradora. Las medidas efectivas, basadas en la comunidad, inclusivas y preventivas son igualmente importantes.
En este momento más que nunca, la comunidad internacional debe reemplazar el castigo por el apoyo y promover políticas que respeten, protejan y cumplan los derechos de todas las personas.”
