TEGUCIGALPA, HONDURAS.
David Guillermo Chávez Madison, presidente del Partido Nacional de Honduras, tiene una orden de captura en su contra, emitida el pasado 28 de noviembre, por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios por hechos ocurridos cuando fue director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) entre 2010 y 2013.
En lo concerniente a este caso, vinculado a presuntas compras irregulares y sobrevaloradas por el Infop, Chávez afirmó no tener responsabilidad penal, civil o administrativa según la sentencia de un juez ejecutor y la ratificación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En base a lo anterior, el político presentó el finiquito del TSC y el documento de la CSJ que dan el caso por cerrado.
En tal sentido, el abogado penalista Juan Carlos Berganza exteriorizó que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, aunque se aleguen distintas calificaciones jurídicas, administrativa y penal, en este caso.
«Hay una resolución que exonera a la persona y dice que no logra encontrar ninguna irregularidad y no tienen ninguna responsabilidad. Ese hecho, emitido por un tribunal, es un acto administrativo y se presume legítimo», explicó el profesional del derecho en el foro televisivo Frente a Frente.
Agregó que el Ministerio Público, que presentó el requerimiento fiscal contra Chávez para que el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional, Criminalidad Organizada y Corrupción emitiera la orden de captura, debió investigar la resolución firme del TSC.
Además, expresó que la defensa del presidente del PN, para alegar un doble juzgamiento, deberá señalar que existe identidad en el sujeto, identidad en los hechos e identidad de fundamento.
Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación (Libre) y también penalista, Ramón Barrios, detalló que la figura de doble juzgamiento es de orden penal, por lo que para que exista, la persona en cuestión debe haberse sometido a un juicio.
«Aquí lo que se está diciendo es que hay una resolución de un órgano administrativo, como el TSC, así que para mí no hay doble juzgamiento porque el señor Chávez no ha sido sometido a un procedimiento judicial ni juzgado con una sentencia definitiva firme», arguyó.
En esa misma línea piensa el penalista Marlon Duarte, quien contundentemente señaló que el Tribunal Superior de Cuentas no puede determinar la culpabilidad o inocencia de cualquier ciudadano o funcionario público en materia penal, pues esta atribución es solo de la CSJ, según el Código Procesal Penal.
«El doble juzgamiento se pudo haber alegado cuando existe una sanción administrativa y la persona haya sido sancionada por los mismos hechos, es diferente cuando esta resolución administrativa, que no tiene carácter de sentencia de juzgamiento, es totalmente diferente a una sentencia absolutoria o condenatoria”, expresó, al mismo tiempo señaló que la defensa de Chávez puede usar el finiquito del TSC como prueba en la audiencia inicial de descargo.
“Chávez debe responder a requerimiento”
El abogado penalista Julio Ramírez señaló que si bien es cierto que en otros países no permiten un segundo proceso cuando una persona ha sido sancionada en sede administrativa por los mismos hechos a los que se le quiere trasladar a una sede penal, en este caso el requerimiento ya está hecho y Chávez debe darle curso para demostrar su inocencia.
«Me imagino que quien lo represente va a utilizar la resolución del TSC como mecanismo de defensa y va a expresar que no existe responsabilidad penal teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Cuentas determinó que no existía ninguna responsabilidad», externó.
Actualmente, se desconoce el paradero de David Chávez, cuya última ubicación hecha pública fue el pasado 28 de noviembre cuando abordó un avión en el Aeropuerto Internacional Palmerola, pero fue bajado por personal de Migración para una inspección por portar doble pasaporte, ordinario y diplomático. El político huyó del aeródromo y desde entonces se le ha visto públicamente.
El Caso
El requerimiento fiscal se fundamenta en la denuncia DMCP-001-2016 del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), acusando a Chávez, exdirector ejecutivo del Infop, de autorizar compras irregulares o sobrevaloradas.
Según la denuncia, el acusado autorizó la supuesta compra irregular de un equipo de software y adiestramiento automotriz para el Infop de Catacamas, Olancho, al oriente del país.
El costo del software, según el caso denunciado por el CNA ante el Ministerio Público en 2015, fue de 75.8 millones de lempiras, pero fue sobrevalorado en 21.9 millones de lempiras, involucrando presuntos delitos como fraude, malversación de fondos públicos y abuso de autoridad.
Este caso es el mismo para otros ocho imputados, quienes también fueron denunciados, recibieron el finiquito del TSC y amparo concedido por la Sala de lo Constitucional y están siendo requeridos una vez más.
