TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El director del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF), Luis Solís reveló que en varios tramos de la carretera que conecta de Dulce Nombre de Culmí en el departamento de Olancho, con el departamento de Gracias a Dios, es necesario solicitar permiso para ingresar debido al control territorial que mantienen en el sector, los narcotraficantes y el crimen organizado.
«Según el reporte de los técnicos que trabajan en la zona, algunos han sido sometidos a amenazas constantes por las acciones que hacen para perseguir el delito ambiental. En ciertas áreas, es necesario solicitar permisos para circular, ya que están bajo el control del crimen organizado», expuso Solís.
El funcionario expresó que en los pasos se encuentran trancas, portones que impiden el acceso, evidenciando un control territorial por parte de estas organizaciones criminales.
«La problemática ha obstaculizado los esfuerzos para conservar y proteger nuestros recursos forestales de nuestros bosques», lamentó Solís.
Solís hizo un llamado enérgico a la Fiscalía del Ambiente y la Corte Suprema de Justicia para que ordenen la destrucción de la “narcocarretera”.
«La narcocarretera existe desde el 2017, y es responsabilidad de la Fiscalía del Ambiente y la Corte Suprema ordenar su destrucción. Según reuniones con consejos territoriales e indígenas, se reconoce la necesidad de una carretera, pero debe ser construida por el gobierno, no una narcocarretera», señaló.
En 2022, el ministro del Ambiente, Lucky Medina, anunció la inminente erradicación de un proyecto ambiental, pero el asesor presidencial, Manuel Zelaya, detuvo el proceso, aduciendo un acuerdo con pobladores.
El proyecto señalado por ciertos sectores como «narcocarretera» se construyó a 28 kilómetros entre Wampusirpi y una de sus aldeas, llamada Krausirpi, para conectarse con el departamento de Olancho.
