• La ONU desnudó las debilidades del Estado hondureño en derechos humanos: exigencias de levantar el estado de excepción, garantizar independencia electoral y frenar ataques a la prensa marcaron una sesión incómoda para el oficialismo.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Honduras enfrentó una de sus evaluaciones internacionales más duras de los últimos años durante su cuarta comparecencia ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Más de 90 Estados emitieron fuertes observaciones que apuntaron contra tres áreas críticas del gobierno hondureño: la continuidad del estado de excepción, la presión sobre los órganos electorales y las crecientes agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.
El jefe de la delegación hondureña, el ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, abrió su intervención afirmando que esta sería la primera revisión bajo un “gobierno legítimo”, insinuando que los procesos de 2010, 2015 y 2020 ocurrieron bajo regímenes cuestionables, en consonancia con la narrativa oficial que insiste en la existencia de una “narcodictadura” previa.
La declaración generó incomodidad diplomática y fue interpretada como una postura política impropia en un espacio de evaluación técnica sobre derechos fundamentales.
Estado de excepción: un país en emergencia permanente
El tema más repetido por las delegaciones fue el uso prolongado del estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022.
Países como Francia, Alemania, Bélgica, Noruega, Suiza, Corea del Sur, Reino Unido y Austria demandaron al gobierno hondureño que ponga fin a la medida, recordando que el derecho internacional exige temporalidad, proporcionalidad y control judicial y parlamentario para medidas extraordinarias.
Los Estados alertaron que la suspensión prolongada de garantías vulnera derechos civiles básicos y genera desigualdad en el ambiente político previo al proceso electoral de noviembre de 2025.
Alarma por presiones a autoridades electorales
La independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) fue otro eje central de preocupación.
Delegaciones como Canadá, Brasil, España, Francia y Australia subrayaron la necesidad de garantizar que estos organismos puedan operar sin presiones partidarias para asegurar la legitimidad de las elecciones generales de 2025.
Alemania y Austria recordaron específicamente que los artículos 205 y 272 de la Constitución hondureña imponen límites claros al rol de las Fuerzas Armadas en procesos electorales, una referencia directa a la creciente participación militar en temas políticos y de seguridad interna bajo la administración actual.
Periodistas y defensores en riesgo: un país hostil a la crítica
Sobre la protección a la prensa y defensores de derechos humanos, países como Noruega, Suiza, Canadá, Países Bajos, Francia y Bélgica urgieron al Estado a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección, dotándolo de independencia real y recursos suficientes.
Lituania y las Islas Marshall señalaron específicamente la violencia contra periodistas, mientras que Reino Unido, Australia y Eslovenia pidieron al gobierno evitar la criminalización de voces críticas y garantizar investigaciones imparciales frente a amenazas y ataques.
El mensaje fue claro: en Honduras ejercer el periodismo sigue siendo un riesgo, y el Estado no está haciendo lo suficiente para proteger a quienes fiscalizan el poder.
Otros compromisos pendientes
La comunidad internacional también reclamó al país avanzar en la ratificación de instrumentos internacionales como:
• CEDAW y su Protocolo Facultativo
• Protocolo de Comunicaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño
• Convenio 189 de la OIT para trabajadores domésticos
Chile, Costa Rica y Brasil pidieron la adhesión al Acuerdo de Escazú, mientras que México, Uruguay e Islandia insistieron en la necesidad de avanzar hacia la despenalización del aborto y la garantía de acceso a salud sexual y reproductiva.
Un mensaje inequívoco
El consenso fue contundente: la comunidad internacional observa con creciente preocupación la deriva institucional y democrática del país.
Para los Estados, no basta con convocar elecciones; una democracia se mide por el respeto a los derechos, la independencia institucional y la protección a quienes cuestionan al poder.
La sesión dejó al gobierno hondureño expuesto en el escenario global, obligado ahora a demostrar —más allá del discurso— que está dispuesto a corregir el rumbo en materia de derechos humanos y respeto democrático.
