TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En Honduras hay un alto riesgo de ser torturado, según concluye el Índice Global de la Tortura 2025, presentado este jueves por Cáritas de Honduras, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para Víctimas de la Tortura (CPTRT) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
El informe, elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura, evalúa por primera vez el riesgo de tortura y tratos crueles en 26 países. En el caso de Honduras, los siete indicadores aplicados evidencian una situación alarmante, donde el Estado acumula 74 recomendaciones internacionales pendientes de cumplimiento.
Solo 10 sentencias en más de 500 denuncias
Entre 2017 y 2024, el propio gobierno hondureño reportó 529 investigaciones por denuncias de tortura, de las cuales solo 75 llegaron a judicialización. De estos, apenas 10 casos han obtenido sentencia, sin que se haya detallado si las resoluciones fueron condenatorias o absolutorias.
La mayoría de las denuncias son diluidas mediante tipificaciones menores o simplemente quedan archivadas. Para los organismos defensores de derechos humanos, esta práctica consolida la impunidad y deja a las víctimas sin justicia.
“La falta de voluntad de las autoridades para investigar hechos de tortura según la gravedad del delito refleja una política de encubrimiento disfrazada de burocracia”, afirmó un representante de COFADEH durante la presentación del informe.
Brutalidad policial y condiciones carcelarias: en rojo
El índice revela que Honduras se encuentra en riesgo alto en cuanto a brutalidad policial, derechos humanos y protección de las personas. Las condiciones de detención, la impunidad y los derechos de las víctimas alcanzan niveles de “muy alto riesgo”, lo que deja al país en una posición crítica dentro del ranking global.
Esto se da en un contexto donde el gobierno ha prorrogado estados de excepción como parte de su estrategia de seguridad, medida que —según las organizaciones— ha militarizado la vida cotidiana y aumentado los abusos sin control civil ni judicial.
Recomendaciones internacionales que el gobierno ignora
El informe plantea un paquete de recomendaciones urgentes para revertir esta situación:
- Revocar el estado de excepción y reemplazarlo por una estrategia de seguridad con enfoque en derechos humanos.
- Retirar a los militares de tareas de seguridad pública, dejándolas en manos de cuerpos civiles.
- Traspasar el control carcelario al Instituto Nacional Penitenciario como ente autónomo, para detener la militarización de los centros penales.
- Incrementar el presupuesto y operatividad del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura.
- Eliminar la sobrepoblación carcelaria mediante medidas alternativas a la prisión.
- Tipificar la tortura conforme a estándares internacionales, incluyendo agravantes para víctimas en condiciones de vulnerabilidad como personas LGBTI+, indígenas y otras minorías.
A pesar de que Honduras ha ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura y su protocolo facultativo (OPCAT), la brecha entre compromiso formal y realidad práctica es profunda, sostienen los defensores de derechos humanos.
Un llamado a la acción antes de que sea demasiado tarde
El informe advierte que la impunidad no solo perpetúa la tortura, sino que la legitima, enviando un mensaje de tolerancia hacia prácticas inhumanas por parte de agentes estatales. En un país donde la prisión preventiva se aplica sin control y las cárceles están desbordadas, los más vulnerables siguen siendo víctimas invisibles del sistema.
“¿Cuántas recomendaciones más necesita el Estado para actuar? La tortura no se combate con discursos, se combate con justicia”, expresó uno de los ponentes al cierre del evento.
