TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo de Ministros que preside la Presidenta Constitucional de la República Xiomara Castro Sarmiento extendió por 45 días más el estado de excepción parcial como herramienta legal para combatir las maras, pandillas y el crimen organizado en el territorio nacional.
En el diario oficial La Gaceta se publicó la disposición mediante PCM 46-2023, estableciendo una vigencia hasta las 6:00 P.M. del lunes 1 de enero de 2024.
Son 158 municipios de Honduras donde se establece la implementación de la normativa legal para contrarrestar la incidencia criminal derivada de estructuras criminales organizadas.
Desde su implementación en diciembre del año pasado, el estado de excepción ha permitido a la Policía Nacional y otras agencias del Gobierno atacar frontalmente la inseguridad que ejercen principalmente traficantes de drogas ilícitas, maras y pandillas.
Según cifras oficiales, la violencia deja este hasta octubre de 2023 unas 2,306 víctimas mortales, 455 menos que las 2,761 reportadas en el mismo período de 2022.
Desde que inició el estado de excepción el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) recibió 286 quejas.
El decreto ejecutivo permite a la Policía Nacional y otros entes de seguridad realizar operaciones focalizadas en los municipios considerados más violentos del país.
En las últimas dos décadas, muchos micros, pequeños y medianos empresarios que se han negado a pagar el llamado «impuesto de guerra».
Esto, es la extorsión de los pandilleros para permitir que los negocios funcionen, se han visto obligados a cerrar o desplazarse internamente en el país centroamericano.
Muchas de las víctimas mortales eran conductores del transporte urbano, interurbano y de taxis.
Grupos formados por jóvenes y adultos, conocidos como «maras», dominan algunos barrios de Honduras con un «modus operandi». Este se basa en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.
La violencia criminal en Honduras deja un promedio diario de entre diez y quince personas muertas, según fuentes oficiales.
El estado de excepción, vigente en Honduras desde el 6 de diciembre de 2022, suspende algunas garantías constitucionales; como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.
