• El fiscal general Johel Zelaya instruyó a la ATIC y exhortó a Interpol a ejecutar la captura del exmandatario, acusado de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II, pese a que recientemente recuperó su libertad en Estados Unidos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, anunció este lunes que instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado en territorio hondureño por los delitos de lavado de activos y fraude vinculados al caso Pandora II.
La medida fue comunicada públicamente a través de un pronunciamiento en la cuenta oficial de X del titular del Ministerio Público, donde también exhortó a los cuerpos de seguridad del Estado y a organismos internacionales, incluyendo Interpol, a colaborar en la ejecución inmediata de la orden.
Zelaya enmarcó el anuncio en la víspera del Día Internacional Contra la Corrupción, señalando que Honduras continúa siendo profundamente afectada por estructuras criminales que han permeado la institucionalidad del país.
“Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país… Nuestra lucha es frontal”, expresó.
Acusaciones pendientes en Honduras
El expresidente Hernández es requerido por la justicia hondureña por su presunta participación en actos ilícitos dentro del caso Pandora II, un expediente que involucra desvío de fondos públicos y operaciones irregulares atribuidas a redes político-criminales.
Aunque en Estados Unidos ya enfrentó juicio y condena por narcotráfico y armas, su situación judicial en Honduras se mantiene abierta. Zelaya remarcó que el Ministerio Público está comprometido con llegar al fondo de estos casos: “Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia, tal como lo prometí en mi primer día al frente de esta institución”, enfatizó.
Un antecedente cargado de controversia
Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022 bajo el Partido Nacional, dejó el poder envuelto en polémica, luego de obtener una reelección en 2017 pese a la prohibición constitucional y en medio de denuncias de fraude electoral por parte de la oposición.
Al menos tres semanas después de concluir su mandato, el exgobernante fue capturado y posteriormente extraditado a Estados Unidos en abril de 2022.
En marzo de 2024 fue declarado culpable por tres cargos de narcotráfico y en junio sentenciado a 45 años de prisión, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.
Sin embargo, el 1 de diciembre de 2024 recuperó su libertad, tras recibir un indulto presidencial en Estados Unidos, lo que lo dejó en territorio estadounidense sin restricciones de movilidad.
Un nuevo capítulo judicial
La orden de captura internacional girada este lunes abre un nuevo capítulo en la compleja trayectoria legal del exmandatario hondureño, cuya situación podría volver a cambiar en función de la respuesta de las autoridades estadounidenses e internacionales.
El Ministerio Público reiteró que continuará avanzando en los procesos relacionados con corrupción y crimen organizado, insistiendo en que la institucionalidad no puede ceder ante redes que han lesionado históricamente al país.
