- Con 21 ampliaciones consecutivas y solo una ratificada legalmente, el régimen de excepción limita derechos fundamentales en nombre de la seguridad, sin rendir cuentas claras sobre sus resultados.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Policía Nacional de Honduras confirmó este viernes la vigésima primera ampliación del estado de excepción, una medida que, desde diciembre de 2022, ha restringido de forma continua varios derechos constitucionales bajo el argumento de combatir la criminalidad organizada.
Según lo publicado en su cuenta oficial de la red social “X”, la nueva prórroga se extiende desde el 3 de julio hasta el 16 de agosto de 2025, amparada en el decreto PCM 22-2025.
“Hemos desplegado nuestros agentes para continuar con la captura de altos delincuentes, pandilleros y mareros”, indicó la institución policial, sin proporcionar cifras actualizadas ni informes de impacto.
Esta sería la 21ª extensión consecutiva de la medida, de las cuales solo una ha sido ratificada en tiempo y forma por el Congreso Nacional, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la legalidad del resto de las prórrogas y la falta de controles institucionales sobre una herramienta que limita libertades fundamentales.
Bajo el estado de excepción se restringen derechos como la libertad personal, libertad de asociación y reunión, libre circulación, protección contra detenciones arbitrarias, y la inviolabilidad del domicilio.
A la fecha, han transcurrido aproximadamente 950 días bajo este régimen, una cifra que enciende alarmas sobre la normalización del autoritarismo legalizado.
Diversos sectores han denunciado que la medida se ha vuelto permanente y se ha aplicado sin una evaluación pública de resultados, mientras se acumulan quejas por detenciones arbitrarias ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que extender indefinidamente un régimen excepcional sin resultados comprobables ni rendición de cuentas erosiona el Estado de derecho y abre la puerta a abusos de poder, especialmente en comunidades vulnerables.
Aunque la criminalidad sigue siendo un problema grave en el país, no existen informes oficiales que vinculen directamente el estado de excepción con una reducción sostenida de los índices de violencia o extorsión, lo que plantea dudas sobre su eficacia real y si esta herramienta se ha transformado en una estrategia política de control más que de seguridad pública.
