TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Históricamente, el gobierno de Honduras ha improvisado la aprobación de políticas públicas que tienen gran impacto en el bienestar de los hondureños y el desarrollo del país, señaló la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de un pronunciamiento.
En la misiva exponen que la pretensión de aprobar el proyecto denominado “Ley de Justicia Tributaria”, sin tener los fundamentos y proyecciones del impacto del mismo, es un ejemplo emblemático de esta mala práctica.
Agregan que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), aboga para que el sistema gubernamental funcione para los más vulnerables, garantizando acceso a salud, educación y seguridad de calidad, lo que requiere una política fiscal que promueva el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. En tal sentido, ante las reformas planteadas por el gobierno hondureño, la ASJ se pronuncia en los siguientes términos:
Además, sostienen que es irresponsable discutir y aprobar una ley sin brindar acceso a datos abiertos sobre el análisis de impacto. Antes de la discusión de la propuesta de Ley en el Congreso Nacional, es imperativo entender con detalle el impacto que se espera en los ingresos tributarios, estimulación de la inversión, exportaciones, crecimiento económico, generación de empleo y precios de bienes y servicios.
Es impostergable que se realice una revisión minuciosa -caso a caso- de los beneficios fiscales existentes, para evaluar la efectividad y detener los abusos. Esto requiere un proceso ordenado y confiable que involucre a entes independientes especializados en el área, como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Colegio de Economistas de Honduras y academia, para el diseño de metodologías estandarizadas que luego permitan una evaluación objetiva, usando datos oficiales.
Es necesario fortalecer la institucionalidad para que se aplique efectivamente cualquier reforma y se evite continuar con prácticas inadecuadas y dañinas. Es indispensable fortalecer la institucionalidad para los controles y sanciones en la aplicación de la ley, mediante la creación de mecanismos que garanticen el debido proceso en el manejo de la información y la protección de la privacidad, teniendo como garantía la promoción de la transparencia y lucha anticorrupción.
Es digno para la población hondureña que, más que una difusión y discusión marcada por la desinformación, polarización y el discurso partidario de varios sectores, se impulse un espacio abierto de socialización en el que expertos independientes contribuyan con insumos y análisis para construir una propuesta de ley que beneficie a las mayorías y al desarrollo del país. Perpetuar la práctica histórica de aprobación de leyes que no están sustentadas en evidencias y proyecciones, solo nos aleja del anhelo de una Honduras más justa, concluyen.
