TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Honduras pone fin este lunes al estado de excepción que estuvo vigente desde diciembre de 2022, una medida que el Gobierno saliente de Xiomara Castro atribuye a la reducción de los homicidios pero que, según políticos, no logró frenar la extorsión y derivó en reiteradas violaciones de los derechos humanos.
La suspensión de garantías constitucionales expira un día antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno conservador de Nasry ‘Tito’ Asfura, quien ha asegurado que el país «no puede seguir bajo estados de excepción permanentes» y propone combatir la violencia mediante el fortalecimiento institucional y la creación de empleo.
Fracaso en la lucha contra la extorsión
El diputado opositor Carlos Umaña calificó la medida de «fracaso» y dijo a EFE que la restricción, que regía en 226 de los 298 municipios del país, «no fue correcta» y dejó «muchas violaciones de derechos humanos».
«El estado de excepción no fue nada agradable, fracasó, (…) y no se logró el objetivo primordial, que era el control de la inseguridad», subrayó Umaña, diputado del también conservador Partido Liberal, primera fuerza de la oposición, con 41 diputados en el Parlamento hondureño.
Desde el oficialismo, las autoridades de seguridad destacan que el estado de excepción fue una herramienta dentro de un paquete de medidas -que incluyó el denominado Plan Solución contra el Crimen- y atribuyen a esas acciones una disminución de la tasa de homicidios de 43 por cada 100.000 habitantes en 2022, a 23 en 2025, un logro que tildan de «histórico» en la lucha contra el crimen organizado y las pandillas.
Umaña enfatizó que, pese a la reducción de los homicidios, otros delitos como la extorsión -el principal motivo del estado de excepción- «no disminuyó, sino que aumentó».
Bandas criminales, algunas aglutinadas en pandillas, formadas por jóvenes y adultos, imponen el llamado ‘impuesto de guerra’ a propietarios de todo tipo de negocios, alcanzando a los servicios de transporte urbano, interurbano y de taxis.
Cuando las personas que son extorsionadas se resisten, por lo general son asesinadas en un país donde, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo local de Transparencia Internacional (TI), más de 384.000 hogares son víctimas de extorsión, una actividad que le genera millones a las bandas criminales.
Umaña advirtió que el fin de la medida podría abrir la puerta a una oleada de demandas contra el Estado por parte de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, un riesgo sobre el que ya habían alertado organismos nacionales e internacionales.
Denuncias de control político
Por su parte, la exdiputada Fátima Mena afirmó a EFE que la medida extraordinaria fue utilizada por el Ejecutivo de Castro como «una herramienta de control político» para concentrar poder, más que como una respuesta a la criminalidad.
«Ha sido una muy mala práctica por parte del gobierno saliente, con muy pocos resultados efectivos», denunció Mena, quien señaló que las principales víctimas de este tipo de medidas han sido los sectores más vulnerables de la población, especialmente jóvenes que habitan en zonas de pobreza y extrema pobreza, donde históricamente ha habido poca inversión social del Estado, pero una fuerte intervención represiva.
La exdiputada indicó que existen denuncias de desapariciones, torturas y otros abusos, sin que se haya establecido «un mecanismo claro» para garantizar justicia y reparación a las familias afectadas.
También recordó que el Parlamento hondureño derogó a mediados de noviembre de 2025 el estado de excepción mediante una autoconvocatoria de más de 70 diputados que entonces eran oposición, una decisión que fue desconocida por el Ejecutivo, en un hecho que, en su opinión, podría ser constitutivo de delito.
Con información de EFE
