- IP y DNBE buscan garantizar que cada unidad cumpla su función pública y se eliminen los espacios para la corrupción
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En un esfuerzo decisivo por fortalecer la transparencia y el orden administrativo, el Instituto de la Propiedad (IP) y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) suscribieron la Adenda No. 01 al Convenio para la Regularización y Adecuado Manejo de los Vehículos del Estado, que permitirá incorporar al registro oficial la totalidad de la flota adquirida mediante el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, conocido como Tasa de Seguridad Poblacional.
El documento fue firmado por el Secretario Ejecutivo del IP, Francisco Bocanegra Murcia, y el Director Ejecutivo de la DNBE, Luis Alonso Sosa Salgado, quienes coincidieron en que esta medida representa un paso clave hacia la correcta administración de los bienes públicos.
La adenda establece que todos los vehículos adquiridos con dichos recursos deberán ser localizados, inventariados, sometidos a inspección física y registrados tanto en el Sistema Nacional de Bienes del Estado como en el Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad.
Asimismo, se dispone la validación documental de cada unidad, incluyendo facturas, resoluciones administrativas y registros aduaneros, así como su asignación oficial a instituciones estatales, garantizando un uso justificado y acorde a sus funciones.
En cumplimiento de la normativa vigente, cada vehículo deberá regularizar el pago de matrículas y multas acumuladas desde su ingreso al país, con la posibilidad de acogerse a la prescripción establecida en el Reglamento del Registro Vehicular o a la amnistía de sanciones actualmente vigente.
La vigencia de la adenda se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, con opción de prórroga mediante acuerdo entre las partes.
Con este paso, Honduras avanza hacia una gestión más eficiente y transparente de su patrimonio vehicular, reduciendo los espacios de discrecionalidad en el manejo de bienes del Estado.
El secretario ejecutivo del IP, Francisco Bocanegra, destacó que la firma de este convenio responde a la necesidad de poner orden tras el uso irregular de los fondos de la Tasa de Seguridad por parte de exfuncionarios.
“A partir de esta fecha, cada bien inmueble, vehículo, terreno y propiedad será debidamente localizado, institucionalizado, revisado e inscrito en el Instituto de la Propiedad para que no nos pase lo que ocurrió con la Tasa de Seguridad”, dijo Bocanegra.
El funcionario recordó que el país viene saliendo de un período de oscurantismo y opacidad, marcado por despilfarro y desfalcos de los fondos de la Tasa de Seguridad, estimados en alrededor de 30 mil millones de lempiras, sobre los cuales nunca se rindió cuentas.
Además, señaló que aún existe un total de más de tres mil vehículos que no han sido localizados y que deberán ser incorporados al registro oficial.
Con esta iniciativa, las autoridades hondureñas buscan garantizar que cada vehículo del Estado cumpla con su función pública, promoviendo un manejo transparente y responsable de los recursos del país.
