- Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce avances judiciales en Honduras, pero advierte que persisten fallas en la protección de las víctimas y la atención a personas afectadas por la trata.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Honduras continúa en el Nivel 2 de la clasificación sobre trata de personas de 2026, según un informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, una categoría que reconoce los esfuerzos del país para combatir este delito, pero que también evidencia que todavía existen deficiencias en la respuesta institucional.
Esta clasificación se aplica a los países que no cumplen plenamente los estándares mínimos estadounidenses para combatir la trata, aunque realizan esfuerzos significativos para acercarse a ellos.
Permanecer en el Nivel 2 no significa que el problema esté resuelto, sino que aún hay desafíos pendientes en materia de prevención, investigación y protección de las víctimas.
Por su parte, el Nivel 1 corresponde a los países que cumplen plenamente con los estándares mínimos de la legislación estadounidense.
Más condenas, pero persisten las fallas
Entre los resultados correspondientes a 2024, el informe individual sobre Honduras registra 42 investigaciones, procesos judiciales contra 69 sospechosos y 30 condenas por delitos de trata de personas, frente a las 21 sentencias condenatorias contabilizadas el año anterior.
La mayoría de los casos estuvo relacionada con explotación sexual, aunque también se documentaron investigaciones y condenas por explotación laboral.
El reporte igualmente destacó la implementación de tres protocolos locales para identificar y asistir a posibles víctimas, así como las consultas con sobrevivientes para analizar reformas a la legislación nacional.
Además, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas recibió 40 millones de lempiras durante 2024 para financiar parte de sus actividades de coordinación, prevención y atención.
Sin embargo, estos resultados contrastan con las dificultades para garantizar asistencia integral a todas las personas identificadas como víctimas.
Víctimas sin atención integral
Los datos reportados para 2024 incluyen 42 víctimas de trata sexual, cinco de explotación laboral, una cuya modalidad de trata no fue especificada y un niño sometido a criminalidad forzada.
Una de las principales preocupaciones señaladas es que las autoridades no reportaron haber proporcionado servicios a todas las víctimas identificadas durante ese período.
La falta de personal especializado, presupuesto y cobertura territorial limita la capacidad de respuesta de las instituciones.
Las unidades policiales y fiscales especializadas concentran buena parte de sus operaciones en Tegucigalpa y San Pedro Sula, mientras que el acceso a servicios de asistencia en otras zonas del país continúa siendo limitado.
El informe también advierte sobre las dificultades para detectar casos de explotación laboral y señala que los refugios disponibles no aceptaban hombres, lo que restringe las alternativas de protección para las víctimas masculinas.
Migrantes y falsas ofertas de empleo bajo riesgo
Honduras es considerado un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata. Entre los grupos más vulnerables figuran mujeres, niños, migrantes, personas indígenas y afrodescendientes, desplazados internos y personas con discapacidad.
Las falsas ofertas de empleo, los contactos a través de redes sociales y las relaciones afectivas fraudulentas figuran entre los mecanismos que pueden utilizar las redes de explotación para captar víctimas.
Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que 360,868 personas ingresaron de manera irregular a Honduras entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2024. Esta cifra corresponde al flujo migratorio irregular, no al número de víctimas de trata, aunque estas rutas pueden exponer a las personas a engaños, abusos y explotación.
El desafío sigue siendo proteger a las víctimas
La permanencia de Honduras en el Nivel 2 evidencia que los avances en investigaciones y condenas deben acompañarse de mejores mecanismos de prevención, identificación y asistencia.
El país enfrenta el reto de ampliar la cobertura de los servicios de protección, fortalecer las investigaciones sobre explotación laboral y garantizar que las víctimas puedan acceder a atención especializada sin importar dónde se encuentren.
La respuesta también exige investigar las denuncias y examinar cualquier posible participación de funcionarios públicos en estos delitos.
Más allá de las cifras judiciales, el desafío es lograr que los esfuerzos institucionales se traduzcan en protección efectiva para las personas afectadas y en una respuesta capaz de prevenir nuevas formas de explotación.
